La empresa favorecida por Santos Cerdán recolocó a un protegido de Montero procesado por corrupción

La empresa Servinabar 2000 SL, que ha recibido presuntos tratos de favor del PSOE, fichó a Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI imputado por corrupción y protegido de la ministra María Jesús Montero. Esa colocación entrelaza dos escándalos políticos que salpican al Gobierno. Servinabar 2000 SL está siendo investigada por su cercanía a Santos Cerdán y Koldo García.

Esa empresa Servinabar es propiedad del empresario vasco que tuvo intereses inmobiliarios en Milagro, localidad natal de Santos Cerdán. Fue seleccionada junto con otras dos compañías en una unión temporal de empresas (UTE) para ejecutar la gran obra civil de la región foral: los túneles de Velate. Más de 60 millones de euros públicos del Gobierno de Navarra y de España. La adjudicación estuvo rodeada de controversia, ya que varios de los ocho integrantes de la mesa de contratación pusieron en duda el procedimiento y la evaluación técnica.

Según revela el expediente en poder de OKDIARIO, otra oferta iba en primera posición hasta que intervino el voto del presidente de la mesa de contratación, que inclinó la balanza hacia la propuesta que incluía a la empresa patrocinadora de Koldo García. Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial y tío de la presidenta Chivite, minimizó estas discrepancias calificándolas como «algo habitual en las adjudicaciones».

La misma empresa que habría sido beneficiada sospechosamente en estas contrataciones públicas aparece ahora incorporando a Fernández Guerrero, tras su dimisión formal de la SEPI en octubre de 2019 a raíz de su imputación en el caso Aznalcóllar.

El entramado de relaciones cruzadas se complica porque Servinabar patrocinaba a Koldo García durante sus exhibiciones como aizkolari (cortador de troncos) en diferentes localidades de Navarra.

Las fotografías muestran a Koldo luciendo prominentemente el logo de Servinabar en una de las piernas de su pantalón, mientras en la otra aparecía su nombre: «K. García». A algunas de estas exhibiciones asistía el propio Ábalos.

Santos Cerdán, tras dos meses casi desaparecido de la escena pública, ha rechazado las informaciones sobre un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le implicaría en contratos de obras públicas en Navarra. Aunque Cerdán admite haberse intercambiado mensajes interesándose por esas obras, como coordinador territorial del partido, descarta haber cometido «ningún delito». En sus declaraciones ante los medios, ha calificado las informaciones como «mentiras» y ha amenazado con llevar ante la Justicia a quienes afirmen que ha cometido delitos.

Acorralado por el ‘caso Aznalcóllar’

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es señalada como la responsable directa del caso Aznalcóllar. Montero trajo a Fernández Guerrero desde la Junta de Andalucía, donde ella ejercía como consejera de Hacienda con Susana Díaz y él como interventor general. Su nombramiento como presidente de la SEPI fue considerado como un «agradecimiento a los servicios prestados».

El caso Aznalcóllar fue instruido por la jueza Mercedes Alaya, conocida por su exhaustiva investigación del caso de los ERE contra el Gobierno socialista andaluz.

El procedimiento judicial analiza la adjudicación en 2015 de la explotación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), una de las mayores reservas de zinc y plomo de Europa. El proceso fue impulsado por la Junta de Andalucía y adjudicado a la empresa Grupo México-Minorbis, lo que generó sospechas de irregularidades y trato de favor frente a la otra empresa concursante.

La Fiscalía y la jueza instructora apuntaron a posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. El caso ha sido reabierto y actualmente se encuentra en fase de juicio oral en la Audiencia Provincial de Sevilla. En marzo de 2025 comenzó el macrojuicio donde están imputadas 16 personas, entre ellas altos cargos de la Junta de Andalucía y empresarios vinculados a la adjudicataria.

La Fiscalía ha solicitado la absolución de los acusados al entender que no hay indicios de delito, mientras que las acusaciones particulares, como la empresa rival Emerita Resources y Ecologistas en Acción, sostienen que hubo irregularidades en el proceso de adjudicación. La petición de cárcel llega a 19 años para alguno de los acusados.

Vicente Fernández Guerrero ha dejado una gestión controvertida en la SEPI, con expedientes cuestionados como los de las empresas Plus Ultra y Duro Felguera.

La colaboración de Fernández Guerrero en Servinabar 2000 SL emerge en medio de la investigación de la UCO de la Guardia Civil. Esta práctica, que se puede calificar de puerta giratoria, continúa generando debate sobre la necesidad de establecer períodos de incompatibilidad más estrictos.