Durísimo escrito de Anticorrupción al juez: sugiere que Iglesias cometió dos delitos en el ‘caso Dina’

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, un informe «durísimo», en el que sugiere que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, podría haber cometido sendos delitos de obstrucción a la Justicia y revelación de secretos, al destruir la prueba clave del conocido como caso Dina, según han confirmado fuentes jurídicas a OKDIARIO.

El escrito de la Fiscalía desmonta por completo las acusaciones que Podemos había planteado contra OKDIARIO en esta pieza separada, la número 10, del caso Tándem, también conocido como caso Villarejo. El juez investiga en esta pieza cómo llegó a la redacción de la revista Interviú la tarjeta de memoria SD del móvil que supuestamente había sido robado a Dina Bousselham, quien fue asesora de Iglesias durante su época como diputado en el Parlamento europeo.

Dina Bousselham denunció el 1 de noviembre de 2015 en una Comisaría de Alcorcón que, cuando estaba de compras en un centro comercial Ikea, le robaron el abrigo a su pareja, en el que se encontraba su teléfono móvil, un Sony Xperia Z2. Tres años después, al inspeccionar uno de los ordenadores intervenidos durante el registro de la casa del comisario José Villarejo, la Policía descubrió varios archivos informáticos que podían proceder de dicho teléfono móvil.

Pablo Iglesias utilizó estos datos para acusar a OKDIARIO de formar una «organización criminal» con el comisario Villarejo, por haber publicado las capturas de un chat de Telegram en el que el líder de Podemos hizo comentarios machistas sobre la periodista Mariló Montero.

Pero la investigación dirigida por el juez García-Castellón y por la Fiscalía Anticorrupción no sólo desmonta esta acusación planteada por Podemos contra OKDIARIO, sino que coloca contra las cuerdas al propio Pablo Iglesias, pues todos los indicios apuntan a que destruyó la prueba principal del caso: la tarjeta de memoria del teléfono móvil supuestamente robado a su asesora Dina Bousselham.

Al declarar ante el juez el pasado mes de marzo, Pablo Iglesias reconoció un dato clave que Podemos había ocultado en su denuncia inicial: el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, citó a Iglesias en su despacho en enero de 2016 y le entregó la tarjeta del móvil de Dina, que había llegado hasta la redacción de la revista Interviú. Ante un ordenador, ambos comprobaron que el dispositivo electrónico estaba en perfecto estado y visionaron algunos de los archivos que contenían.

Pablo Iglesias aseguró ante el juez que entre estos archivos había algunas fotos «íntimas» de su ex asistente en el Parlamento europeo, Dina Bousselham. Pese a ello, Iglesias conservó la tarjeta de memoria y no se la devolvió su legítima propietaria, Dina, hasta seis meses después, en el verano de 2016.

Por tanto, el líder de Podemos podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos (al acceder sin consentimiento a fotos y comunicaciones privadas de su ex asesora, y conservarlas en su poder durante seis meses), tal como sugiere en su escrito la Fiscalía.

Destruyó la pieza clave del caso

Dina Bousselham no sólo ocultó en su primera declaración ante la Policía que ya había recuperado el material supuestamente robado. Cuando finalmente depositó ante la Audiencia Nacional la tarjeta de memoria, el pasado mes de marzo, estaba inutilizada.

La tarjeta de memoria se encontraba en perfecto estado cuando Pablo Iglesias la recibió de manos del presidente del Grupo Zeta. Pero cuando se la devolvió a su propietaria, seis meses después, era por completo ilegible, había sido «destruida». Como consecuencia de ello, la Policía Científica no pudo analizar su contenido ni pudo comprobar si coincidía con los archivos hallados en un ordenador del comisario José Villarejo.

En la causa está imputado el ex número 2 del Gabinete de Comunicación de Pedro Sánchez y ex director de Interviú Alberto Pozas, quien ha reconocido ante el juez que fue él quien entregó al comisario Villarejo un pendrive con el contenido de la tarjeta del móvil de Dina, en una reunión en la que también estuvo presente su número 2 en la revista del Grupo Zeta, Luis Rendueles. Ambos están imputados.

En un intento desesperado de frenar la sangría de votos que sufría Podemos, Pablo Iglesias utilizó el caso Dina en la campaña de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 para presentarse como la víctima de una conspiración de las «cloacas del Estado», en la que intentó involucrar a OKDIARIO.

La investigación judicial ha acreditado ahora que Pablo Iglesias planteó una acusación falsa contra OKDIARIO y que pudo destruir la pieza clave del caso. Algo que implicaría un presunto delito de obstrucción a la Justicia, tal como sugiere la Fiscalía Anticorrupción en su escrito dirigido al juez.

Dina Bousselham –que ahora dirige el digital La última hora, creado por Podemos para desacreditar a sus rivales políticos– reconoció en su declaración ante el juez que, antes del supuesto robo de su teléfono móvil, hizo capturas de los chat de Telegram internos de Podemos y se las envió a algunas de sus amistades. Algo que también desmonta la acusación planteada por Podemos, que sostenía que OKDIARIO accedió al contenido del móvil después del robo.

Si tras analizar el escrito de la Fiscalía Anticorrupción el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional decide deducir testimonio contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por mentir y obstruir la acción de la Justicia, será la Sala Segunda del Tribunal Supremo quien le investigue. Para ello el Alto Tribunal deberá pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados. En el caso de Dina, la investigación pasaría por reparto a un Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla.