Belloch dio un contrato de 7,3 millones a la empresa familiar de una diputada del PSOE de Aragón

La diputada socialista Susana Sumelzo (a la izquierda), el pasado mes de mayo junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (Foto: Efe)
La diputada socialista Susana Sumelzo (a la izquierda), en 2015 junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (Foto: Efe)

El socialista Juan Alberto Belloch adjudicó, pocos meses antes de abandonar la Alcaldía de Zaragoza, un contrato de 7,3 millones de euros a la constructora de la familia de una de las líderes de su partido en Aragón: la diputada Susana Sumelzo, actual secretaria de Administraciones Públicas de la Ejecutiva Federal del PSOE que dirige Pedro Sánchez.

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por Belloch, acordó el 14 de noviembre de 2014 adjudicar las obras de sellado y clausura del vertedero de Torrecilla de Valmadrid por 7,3 millones a una UTE formada por Urbaser, Idecon y Sumelzo SA.

Los principales accionistas de esta última constructora son José y Fernando Sumelzo López, padre y tío de la diputada socialista Susana Sumelzo. Desde 2012, la empresa está presidida por su hermano Juan José Sumelzo Jordán.

Susana Sumelzo Jordán inició su trayectoria política como secretaria general técnica de la Diputación de Zaragoza, donde ocupó este cargo de confianza a las órdenes de Javier Lambán, hoy presidente del Gobierno regional de Aragón.

En esa misma etapa, fue durante varios meses apoderada de la constructora familiar, pero abandonó el cargo en el consejo de administración de Sumelzo SA en junio de 2008, justo tres meses después de ser elegida senadora.

En la Ejecutiva de Pedro Sánchez

En la actualidad es diputada nacional por Zaragoza (desde 2011), secretaria general del PSOE de Ejea de los Caballeros (el mismo municipio del que procede Javier Lambán) y miembro de la Ejecutiva Federal socialista de Pedro Sánchez.

El vertedero de Torrecilla de Valmadrid ha recibido durante más de dos décadas los residuos de Zaragoza y de otros 60 municipios de la provincia. En la actualidad acoge 5,5 millones de toneladas de basura.

El Ayuntamiento convocó en abril de 2014 el concurso para llevar a cabo el sellado de la planta de residuos, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea que obligan a restituir medioambientalmente todos los vertederos una vez ha concluido su vida útil. La UE financia la ejecución del proyecto con seis millones de euros a través de los Fondos de cohesión Feder.

La obra salió a concurso por un presupuesto inicial de 14,2 millones de euros. De las 15 ofertas presentadas, varias quedaron descartadas al ser consideradas como "bajas temerarias" por la mesa de contratación (es decir, las empresas habían planteado un presupuesto tan bajo que podía hacer inviable la ejecución del proyecto).

Sus rivales, bajas "temerarias"

De este modo, se vieron excluidas del concurso las UTE encabezadas por los principales gigantes del sector como Dragados, FCC (que venía explotando el vertedero hasta que fue clausurado, en 2009), Acciona y Obrascón Huarte Lain.

Tras realizar esta criba, el Ayuntamiento presidido por Juan Alberto Belloch adjudicó la obra a la UTE de la que forma parte la constructora familiar del clan Sumelzo. Su oferta ascendía a 7,3 millones, lo que supone una baja de casi el 50% sobre el presupuesto de licitación.

Según su declaración de bienes presentada ante el Congreso de los Diputados en noviembre de 2011, la diputada Susana Sumelzo Jordán es propietaria del 50% de una vivienda en Ejea de los Caballeros, tiene 106.000 euros en cuentas bancarias y posee un BMW Serie 1 comprado en 2005.

Además, tiene (junto con su pareja) créditos contraídos por un importe que suma 230.000 euros, de los que ya ha logrado devolver algo más del 50% de la deuda. En su declaración de bienes no consta que actualmente sea accionista de la constructora familiar presidida por su hermano y participada por su padre.

La financiación de la UE, en peligro

La obra de sellado del vertedero adjudicada a la constructora de su familia ha resultado especialmente accidentada. En octubre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ordenó paralizar el proyecto a instancias de la empresa propietaria de los terrenos sobre los que se ubica el basurero.

La sociedad propietaria, Terinza 26 SL, se encontraba en proceso de concurso de acreedores, y por tanto el vertedero ubicado en sus terrenos formaba parte de los activos susceptibles de ser subastados para pagar las deudas que tenía contraídas.

Algo que llegó a poner en peligro la financiación de 6 millones de euros otorgada por la Unión Europea para llevar a cabo el sellado, ya que esta ayuda está condicionada a que los trabajos concluyan antes del 31 de diciembre de 2015.

Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza logró cerrar un acuerdo con la empresa afectada, para que la constructora familiar de la diputada Sumelzo pueda ejecutar la obra adjudicada por 7,3 millones de euros.

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