El juez de Lezo acuerda la libertad de González bajo fianza de 400.000 euros

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado la libertad de Ignacio González bajo fianza de 400.000 euros, «con obligación de realizar presentación semanal ante este Juzgado o el más cercano a su domicilio, en el caso de hacerse efectiva dicha fianza, así como retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional».

La Fiscalía Anticorrupción había realizado dicha solicitud de fijar una fianza de 400.000 euros al expresidente madrileño esta tarde al entender que había disminuido el «riesgo de reiteración delictiva y el de fuga».

En el auto de 14 páginas, el juez señala que «los indicios recabados, indiciariamente señalan que los investigados, Ignacio González y Edmundo Rodríguez, se han prevalido de sus funciones públicas para beneficiarse ilícitamente del patrimonio de la CAM, mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, as como de sus relaciones».

«Resulta evidente», añade, «que no se trata de una actividad delictiva individual ni localizada en un momento temporal determinado, sino que muy al contrario estamos presuntamente ante una actividad delictiva colectivamente ejecutada, en la que cada participe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo. Este reparto de tareas tiene una doble finalidad, por un lado facilitar o ejecutar los hechos, y por otro ‘alejar los centros de decisión delictiva’ de los centros de ‘ejecución material delictiva’, logrando así una mayor protección e impunidad de los máximos responsables».

El auto también menciona que «las actuaciones de la trama han traspasado las fronteras nacionales y así existen indicios de la realización de otros hechos delictivos en países que albergan la sede de las filiales de la sociedad Inassa, como Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia. La estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado».

«Los elementos probatorios que se están recabando», indica el juez,  «evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organización facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal».

El instructor de Lezo también ratifica la participación de González en las obras de Canal Golf, pieza de la causa a la que dedica más páginas del auto: «Los investigados, Ignacio González González, Pablo González González, Juan José Caballero Escudier y José Antonio Clemente Martín, con el propósito de obtener individualmente un incremento patrimonial ilícito a costa de fondos públicos de la CAM invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas, crearon una estructura societaria que les proporcionó opacidad».

«El importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la CAM invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros. Los hechos descritos en el apartado anterior pueden calificarse como presuntos delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, malversación, falsedad documental y blanqueo de capitales».

La petición de la defensa de González

Hace dos semanas, la defensa de González solicitaba la fijación de una fianza y la revocación su prisión incondicional que le mantiene en la cárcel madrileña de Soto del Real desde hace 6 meses.

Su letrado aseguraba que debe acordarse la libertad porque “ni existe organización criminal, ni indicios sólidos y constitucionalmente válidos de los delitos que se imputaron en su día” y “no existe en la causa prueba alguna que haya materializado los indicios y sospechas iniciales que motivaron la decisión de acordar la prisión cautelar”.

Sobre la presunta compra fraudulenta de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en 2001 durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón, se indicaba en el escrito que de “una conversación en la que, en 2016, hace una referencia coloquial, no puede deducirse que 12 años antes, cuando era presidente del Canal, conociera que realmente se hubiera cometido un delito y quisiera encubrirlo. Como indicio de delito, es de una patética fragilidad”.

En relación a la compra en 2013 de la filial brasileña Emissao, la defensa afirmaba que «cuando ésta se realizó, ya no era presidente del Canal, sino presidente de la Comunidad de Madrid, en cuyo Consejo de Gobierno no se trataban temas del Canal en América”“. No obstante, el exgerente de la empresa pública del agua, Adrián Martín López de las Huertas, aseguró al juez que González dio la orden de compra un año antes, en 2012: “¡Cómprese!”.

Sobre la acusación de modificar el contrato de construcción de un parque para construir un campo de golf en el año 2006 y 2007, la defensa sostenía que la acusación “carece de sentido”. “No instó la modificación del proyecto pues quien lo propuso fue la Presidenta de la Comunidad de Madrid en ese momento, Esperanza Aguirre, porque quiso remodelar los espacios del Canal para el interés público y la ubicación de zonas verdes».

Tras la decisión del juez de Lezo, González intentará reunir los 400.000 euros de fianza para abandonar la prisión madrileña de Soto del Real.