La Guardia Civil sostiene que Puigdemont y Forn no descartaban provocar «un conflicto armado»

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su ex conseller de Interior Joaquim Forn no descartaron en ningún momento, durante los meses previos al referéndum ilegal del 1-O, «desatar en última instancia un conflicto armado con el Estado».

La Guardia Civil lo expresa con estas palabras en el informe que el pasado mes de diciembre remitió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, para incorporarlo a la causa que ha llevado a la cárcel a Forn, Oriol Junqueras y a los Jordis.

Al respecto, los agentes de la Policía Judicial recuerdan que el propio Puigdemont consideró «absolutamente indispensable» que Cataluña se dote de su propio Ejército. El entonces presidente de la Generalitat lo dijo el pasado 29 de agosto (un mes antes del referéndum ilegal) en una vídeoconferencia retransmitida a través de Facebook Live, en la que respondió a preguntas de usuarios de las redes sociales.

Un ‘ejército catalán’ de 30.000 hombres

Ya en 2015, mientras Artur Mas ponía en marcha el procés,  el catedrático catalán y miembro de la ANC Àlex Calvo había defendido la necesidad de crear un Ejército catalán con 30.000 efectivos para “garantizar la independencia y el mantenimiento de la paz” en Cataluña. La creación de los Mossos d’Esquadra como policía autonómica, señaló, fue “un primer paso hacia un Estado propio, que ahora corresponde completar con las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia».

La Guardia Civil también recuerda en su informe que el ex conseller Joaquim Forn aseguró el pasado 11 de octubre (pocos días después del referéndum del 1-O) que «si hay voluntad y se acepta la nueva realidad política no habrá colisión entre policías» durante el proceso de independencia.

Es decir, no descartaba que se produjeran enfrentamientos entre los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil (como de hecho llegó a ocurrir en la jornada del 1-O) si el Gobierno español se negaba a aceptar «la nueva realidad política» de Cataluña.

En sus informes dirigidos al juez Pablo Llarena, la Guardia Civil constata que los Mossos d’Esquadra dirigidos entonces por Forn y Trapero incumplieron la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

De hecho, así lo había anunciado en agosto el entonces conseller Joaquim Forn, cuando afirmó que los Mossos «obedecerán siempre las decisiones del Parlamento de Catalunya, que es de donde emana la voluntad popular de nuestro país. Tenemos una policía catalana que tiene que garantizar que se pueda votar» en el referéndum ilegal.

En las mismas declaraciones, Forn aseguró que él asumiría íntegramente la responsabilidad sobre la actuación de los Mossos, para evitar que recayera en funcionarios. Sin embargo, cuando ha comparecido ante el juez Llarena para pedir que le deje en libertad, Joaquim Forn ha culpado ahora al mayor Josep Lluís Trapero de que los Mossos incumplieran las órdenes del juez y facilitaran la celebración del referéndum ilegal.

El informe dirigido al Tribunal Supremo atribuye precisamente las escenas de violencia que se registraron el 1-O a la pasividad de los Mossos: «el dispositivo policial de cara al 1-O no contó con el respaldo de los Mossos d’Esquadra, que nuevamente en aplicación de la estrategia de desobediencia incumplió las órdenes del TSJC».

«Provocaron las escenas de violencia»

El hecho de que la Policía autonómica se negara a cumplir la orden del TSJC, obligó a la Policía Nacional y la Guardia Civil a intervenir para intentar retirar las urnas cuando ya se había iniciado la votación y los centros electorales estaban protegidos por centenares de voluntarios, movilizados por la ANC, Òmnium y la CUP.

Los Mossos facilitaron que los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) ocuparan los colegios electorales durante el fin de semana previo al 1-O para «garantizar que pudiesen ser utilizados como centros de votación, aun a costa o precisamente para provocar escenas de violencia, tensión y resistencia» cuando intervinieran la Policía Nacional y la Guardia Civil. «Esas escenas a buen seguro serían utilizadas, como así ocurrió, por aquellos actores para reforzar su mensaje internacional denigrando a la democracia española», indica el informe.

La Guardia Civil también menciona «la espiral de movilizaciones y concentraciones de hostigamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad, el asedio a cuarteles, edificios del Estado y hoteles en los que se alojaban integrantes de la Policía y Guardia Civil (…)». Con estos actos convocados por la ANC, Òmnium y la CUP, «se buscó deliberadamente un efecto intimidatorio a fin de limitar y dificultar, cuando no impedir, las distintas actuaciones policiales».

De este modo, añade el informe, «bajo la apariencia de pacifismo» se provocaron «episodios de resistencia, intimidación y violencia». La Guardia Civil menciona las acusaciones de Carles Puigdemont y Marta Roviera afirmando que el Estado «quería muertos, cuando habían sido los actores independentistas quienes alevosamente habían provocado la situación».