Memoria histórica

Unidos Podemos quiere expulsar a los monjes benedictinos de la Basílica del Valle de los Caídos

Monjes benedictinos en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Foto: valledeloscaidos.es)
Monjes benedictinos en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Foto: valledeloscaidos.es)
Segundo Sanz

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de «Ley Integral de Memoria Democrática» en la que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar las «acciones necesarias para desacralizar el espacio monumental» del Valle de los Caídos. De esta manera, además de exigir la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, la coalición de Pablo Iglesias y Alberto Garzón pretende expulsar de la Basílica de la Santa Cruz a los monjes benedictinos que desarrollan sus ritos litúrgicos en este enclave desde 1958.

Unidos Podemos aboga por una «resignificación de todo el complejo del Valle de los Caídos para convertirse en un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo». Así, según consta en el texto de la iniciativa, estos partidos quieren que «el Gobierno de España, haciendo uso de sus atribuciones, recupere el Valle de los Caídos para la gestión directa por parte del Patrimonio Nacional y el control final del Ministerio de Justicia, dejando sin efecto el Convenio establecido a través del Decreto Ley de 23 de agosto de 1957».

Por medio de ese decreto, el régimen de Francisco Franco atribuyó la titularidad y administración del lugar a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyo Patronato y representación correspondían al Jefe del Estado. Estas tareas fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de ese convenio suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958 entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos. Ello, previo decreto de establecimiento de la Abadía por el papa Pío XII, el 27 de mayo de 1958, a petición del Estado.

Erigida en 1960

Las obligaciones de la orden religiosa consisten, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería. Poco después la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960.

En la actualidad, las funciones de patronato y representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia que ahora dirige la socialista Carmen Calvo.

La Comisión de Expertos que creó Zapatero en ningún momento planteó que la Basílica dejara de ser un lugar de culto

Con esta proposición de ley, el grupo de Iglesias y Garzón desoye por completo el informe que realizó la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos creada en 2011 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según remarca el documento en sus conclusiones, la Basílica, «calificada por la Ley como lugar de culto, es inviolable. Se trata de un lugar sagrado, sometido a la autoridad eclesiástica que es: la institución religiosa que atiende el culto y las autoridades religiosas superiores. La actuación en el interior de la Basílica debe contar con su autorización», indica el informe.

Además, precisa que «en todo caso, la Comisión considera que no debe alterarse el interior de la Basílica. Toda ella es un universo simbólico que habla por sí mismo». No obstante, añade que «la explicación que puede precisar el visitante debe serle ofrecida en el Centro de Interpretación» y afirma que «los religiosos deben evitar cualquier tipo de actos políticos en su interior, de acuerdo con la Ley 57/2007» de Memoria Histórica.

Con todo, aquel informe en ningún momento planteó que la Basílica dejara de ser un lugar de culto gestionado por los monjes benedictinos. Sin embargo, el grupo de Unidos Podemos sí quiere desalojarla y convertirla en un «lugar de memoria democrática».

Retirar la cruz

En este sentido, la coalición de Iglesias y Garzón plantea un «desmantelamiento o demolición de aquellos elementos incompatibles con un Estado democrático, entre los que cabe destacar la monumental cruz-espada cuyo mantenimiento haría imposible el citado proceso de resignificación», dice la iniciativa. Junto ello, también recoge que el nombre del enclave dejaría de ser Valle de los Caídos par llamarse «Valle de Cuelgamuros».

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