Vox exige al Gobierno que explique por qué el CNI investiga las caceroladas ante el casoplón de Iglesias

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados ha exigido al Gobierno conocer los detalles sobre la misión que llevan a cabo miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en torno a las protestas que se registran a diario junto a la casa del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

«¿Considera el Ministerio del Interior las caceroladas como «una amenaza o peligro» para la seguridad del vicepresidente Iglesias?». Esa es una de la preguntas que han registrado dos diputados en la Cámara Baja a raíz de una información de OKDIARIO en la que se definía el papel que están jugando los servicios de inteligencia españolas en el dispositivo de protección de viviendas de altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Esquemáticamente, el papel del CNI en este dispositivo consiste en la obtención de información acerca de las convocatorias con el fin, explican fuentes de Interior, de aportar al Ministerio datos y pistas sobre posibles amenazas o riesgos que puedan derivarse de las protestas. Poniendo un especial énfasis en el perfil de los convocantes de dichas marchas. En base a esos datos, Interior valora posibles consecuencias y ordena refuerzos de seguridad.

Estas tareas de protección comenzaron a desarrollarse al inicio de las caceroladas populares de protesta contra la gestión del Ejecutivo de coalición, que llevaron a algunos manifestantes a pasearse frente a las viviendas de ministros. Especialmente, la residencia en Galapagar de Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad Irene Montero.

La pregunta de Vox al Gobierno ha sido presentada por los diputados Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y Julio Utrilla Cano. Según recuerdan los dos parlamentarios, «para este despliegue es perceptivo un informe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -en el caso de Galapagar, de la Guardia Civil-. Ante la ausencia de dicho informe, la decisión del ministro del Interior se ha basado en la información que ha aportado la escolta de Pablo Iglesias, como el equipo del CNI encargado de prevenir cualquier amenaza o peligros contra cargos del Gobierno».

«¿Podría el Gobierno facilitar los informes en los que se ha basado el Ministerio de Interior para coartar el derecho a la libre circulación, al impedir el acceso a la vía pública frente al domicilio del vicepresidente Iglesias?», preguntan los diputados en referencia al corte de la calle en la que se encuentra el chalet de la familia Iglesias-Montero.

Rastreo de convocatorias

El plan de seguridad involucra al CNI en cuestiones puramente de inteligencia y prevención de riesgo: su misión es anticiparse a convocatorias, detectar su origen y ‘objetivos’, identificar a cabecillas de las protestas y calibrarlas para poder diseñar un operativo acorde con el nivel de la ‘amenaza’. Una labor que se desarrolla principalmente en internet y en redes sociales. Las fuentes consultadas ni confirman ni desmienten si existe algún operativo ‘físico’ en el lugar.

Esta es una labor un tanto sorprendente si se tiene en cuenta que, durante las semanas en las que se vienen registrándose las protestas frente a la vivienda de Iglesias no se ha producido incidente alguno.

Según reveló OKDIARIO, la decisión de reforzar la seguridad frente a la casa de Iglesias, cortando incluso la vía pública que transcurre paralela a su puerta, ha sido una instrucción directa salida del Gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El despliegue extra de agentes de la Guardia Civil no fue una decisión del propio cuerpo. A día de hoy, el operativo cuenta con medio centenar de agentes, entre ellos miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS). La unidad de élite de la Guardia Civil.

La Guardia Civil no lo vio necesario

La seguridad ciudadana en la demarcación de Galapagar, donde se encuentra la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero, depende de la Guardia Civil. De muros para afuera de la finca, es la Benemérita quien se hace cargo de la seguridad.

Cualquier refuerzo o dispositivo extra que se coloque en la zona es competencia y responsabilidad de la Guardia Civil. Esos refuerzos se producen, explican fuentes de la Benemérita, cuando la Comandancia o el Servicio de Información detectan algún tipo de amenaza o riesgo extra para la seguridad.

Ninguna de estas dos entidades, tal y como constató OKDIARIO de fuentes de ambas, puso en conocimiento del Ministerio del Interior dato alguno que argumentase la necesidad de un mayor despliegue de seguridad.

Cabe recordar que este dispositivo recayó sobre la Comandancia de Madrid, la misma cuya jefatura ostentaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido tras negarse a entregar información alguna del procedimiento judicial secreto abierto contra la Delegación del Gobierno por permitir las marchas del 8-M. Una causa que ha sido archivada provisionalmente tras tomar declaración la juez del caso, Carmen Rodríguez-Medel, a los testigos y al único imputado: el delegado José Manuel Franco.