Los ‘viajes a casa’ de los diputados cuestan más de medio millón al Congreso en 4 meses sin actividad

El Congreso ha destinado más de medio millón de euros en desplazamientos de los diputados a sus lugares de origen en cuatro meses sin apenas actividad parlamentaria, según consta en los registros de la Cámara.

Desde el pasado 4 de marzo, cuando Pedro Sánchez firmó el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, hasta la actualidad, el trabajo de la Cámara ha sido mínimo.

Tras las elecciones del pasado 28 de abril, el Congreso solo se ha reunido para dos asuntos: en el pleno de su propia constitución, el 21 de mayo, y para el debate de la investidura fallida, tres sesiones en julio. La situación de bloqueo del Gobierno se ha trasladado también a la actividad parlamentaria. Las comisiones -el órgano encargado de la discusión de la actividad legislativa y de acoger las comparecencias del Gobierno pedidas por la oposición, entre otras funciones- no se constituyeron hasta el pasado 30 de julio, pese a las reiteradas críticas de la oposición.

Pese a ello, desde el pasado 1 de abril y hasta el 30 de junio, según datos de Transparencia del Congreso, los diputados cargaron a la Cámara 323.813,81 euros en concepto de desplazamientos por actividad ‘parlamentaria’, esto es, viajes a su circunscripción de origen. Además, en el mismo periodo se gastaron 108.739,64 euros por actividad ‘política’ y otros 8.721,88 por la ‘institucional’. En total, 441.275,33 euros en ese periodo.

El importe es, sin embargo, superior, ya que, como indica el Congreso, en ese total no se incluyen los gastos correspondientes a la «gestión, cancelaciones y cambios» de billetes, así como los «pendientes de utilización». La suma asciende así a 504.792, 37 euros. 

Si se recogen los datos del periodo inmediatamente anterior -de enero a marzo- los gastos por los desplazamientos de los diputados a sus lugares de origen ascienden a 651.409,68 euros. Así pues, en cuatro meses desde la disolución de las Cortes -de marzo a junio-el gasto por ese concepto superó holgadamente el medio millón de euros.

Lo que dice el Reglamento

Los viajes de los diputados se rigen por la resolución de la Presidencia del Congreso, de 18 de noviembre de 2014, que distingue entre varios tipos: los derivados de su «actividad parlamentaria» («desde o hacia su lugar de residencia habitual u ocasional»), los «de naturaleza política, sectorial o de representación institucional» en otra circunscripción distinta, y «aquellos que traen causa de la actividad oficial de la Cámara y en los que el diputado se desplaza para realizar una actividad de representación del Congreso».

El Reglamento del Congreso, en su artículo 8.2, establece el derecho de los diputados a «las ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función».

«A estos efectos, el Congreso cubre los gastos de transporte de los Diputados en sus desplazamientos en medio público (avión, barco, tren o autobús) a modo de franquicia», señala el Reglamento.

La Cámara no aplica una supervisión estricta a estos gastos. Justifica que «el diputado, en el ejercicio de la labor parlamentaria, representa al conjunto de los españoles por lo que, a efectos de su función, su ámbito de trabajo es el conjunto del territorio nacional» y también que «el ejercicio de la labor política y parlamentaria debe ser libre sin que deba imponerse ningún tipo de censura o control previo, en forma de autorización, sobre la misma, más allá de los límites ya establecidos en nuestro ordenamiento jurídico».

Uso «responsable»

«Por ello no deben establecerse mecanismos de control o autorización previa en los desplazamientos, pero sí mecanismos de supervisión que involucren a las direcciones de los Grupos Parlamentarios en el aval de la realización de determinados tipos de desplazamientos, como ya se efectúa en los desplazamientos en vehículo propio dentro del territorio nacional», apunta.

El Congreso sí advierte de que «es el propio diputado quien debe utilizar de manera responsable los medios que la Cámara pone a su disposición» y reconoce que «en la medida en que esos medios son sufragados con recursos públicos, resulta conveniente reforzar las fórmulas o mecanismos de supervisión que, sin menoscabo al libre ejercicio de su labor política y parlamentaria, eviten desviaciones o abusos indeseables». 

En la práctica, y tal como determina la normativa interna, cuando se trata de viajes de sus ‘señorías’ a sus lugares de origen «deberán comunicarlo por escrito a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Secretaría General de la Cámara, dentro de los 15 días siguientes a su realización».

En el caso de viajes a otra circunscripción, para actos políticos, tendrán que «contar con la supervisión o aval de la dirección» del correspondiente grupo parlamentario.

El Reglamento avisa también de que «la realización de cualquier desplazamiento para un objeto distinto de los mencionados y que no guarde relación con el ejercicio de la labor política o parlamentaria no podrá ser imputada al Presupuesto de la Cámara, debiendo abonarse por el diputado».