Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La UE condena al Gobierno por desproteger a los españoles al no actualizar sus planes contra inundaciones

El Ejecutivo español tendrá que pagar las costas por el proceso abierto por la Comisión

Los planes tenían que remitirse a la UE en 2022 y sólo se aprobaron tras la denuncia

Gobierno inundaciones
María Jesús Montero, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
Rafael Molina

La Unión Europea ha condenado al Gobierno de Pedro Sánchez por incumplir la normativa europea sobre los planes de «evaluación y gestión de riesgos de inundaciones» en varias cuencas hidrográficas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, considera que el «no haber revisado ni, en su caso, actualizado» esos proyectos. El Ejecutivo tendrá que pagar los gastos del proceso a la Comisión Europea. Todo ello meses después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, estuviera en el centro de la polémica tras la DANA de finales de octubre de 2024, que provocó 236 fallecidos.

La sentencia del tribunal comunitario se refiere, específicamente, a las demarcaciones hidrográficas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. La normativa europea establece que «los planes hidrológicos de cuenca debían revisarse y actualizarse por primera vez a más tardar quince años después de la entrada en vigor» de la directiva comunitaria que los regula.

Además, la decisión del TJUE subraya que tendría que haberse revisado «por segunda vez» en 2021 y, más tarde, en 2022. El Gobierno socialista, a través de la Abogacía del Estado, defiende que los planes hidrológicos se llevaron a cabo en 2024. Sin embargo, reconoce implícitamente que no lo hizo a tiempo.

En el caso de la cuenca hidrográfica de La Palma, el Ejecutivo se excusa «la erupción volcánica de septiembre de 2021». Sin embargo, el tribunal afea que «casi un año después de que hubiese expirado el plazo previsto en el dictamen motivado y casi cuatro años después del acontecimiento imprevisible invocado», es decir, de la explosión del cráter. «La justificación alegada por el Reino de España no puede prosperar», rechaza la corte comunitaria.

«Debían revisarse y actualizarse»

Por otro lado, se apela a la normativa sobre planes de gestión del riesgo de inundación. «Debían revisarse y, si resultase necesario, actualizarse» en 2021, y entregarlos a la Comisión, como tarde, en marzo de 2022. La Comisión elevó un dictamen motivado en noviembre de 2023, es decir, una suerte de denuncia del Ejecutivo europeo a España. Sólo en 2024 se publicaron estas actualizaciones.

En el caso de La Palma, aquí el Gobierno vuelve a justificarse en la erupción del volcán, pero el tribunal alude al más que tiempo suficiente que el Gobierno ha tenido para poder revisar sus planes contra inundaciones tras ese incidente natural.

Por todo ello, el Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que el Ejecutivo de Sánchez «ha incumplido las obligaciones que le incumben» sobre la creación de planes hidrológicos y en la normativa sobre «actuaciones en el ámbito de la política de aguas».

Todo ello al «al no haber revisado ni actualizado, en los plazos establecidos, los planes hidrológicos de cuenca en lo que respecta a las demarcaciones hidrográficas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y no haber enviado a la Comisión Europea, dentro del plazo estipulado, ejemplares de tales planes».

Respecto a la directiva «relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación», el TJUE también constata que no se ha revisado ni actualizado en los plazos establecidos, los «planes de gestión del riesgo de inundación» en lo que respecta a las demarcaciones hidrográficas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. Por todo ello, la instancia comunitaria ha condenado en costas al Gobierno de España.

Confederación Hidrográfica del Júcar

La opinión pública conoció las confederaciones hidrográficas después de la DANA que provocó que los ríos de la provincia de Valencia se desbordaran. La responsabilidad de su mantenimiento y de la limpieza de los cauces es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que, a pesar de que sí tiene aprobado un plan, no evitó eficazmente su desbordamiento.

Además, los vecinos desvelaron su descontento con la institución tras la ausencia de acción por parte de la institución. «La competencia de la limpieza de este barranco depende de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por aquí no ha pasado nadie. No me quiero ni imaginar la imagen del desbordamiento hace tres meses», señaló Juanvi Palleter, agricultor valenciano afectado, meses después de la tragedia.

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