Europa recuerda a España que debe abstenerse de cazar el lobo si hay incertidumbre en su conservación

La comisaria en Europa de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Vilhelmsson, ha recordado, acerca de la caza del lobo, que de acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), un Estado miembro debe abstenerse de autorizar la explotación de una especie de interés comunitario si «hay incertidumbre» sobre la compatibilidad de la explotación con el mantenimiento del estado de conservación favorable del animal.

Esta respuesta llega justo después de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentara un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones insertadas por el PP en la Ley de desperdicio alimentario, que permitieron sacar al lobo del listado de especies protegidas y, como consecuencia, que se le volviera a cazar.

En estos últimos días, la decisión de Gabilondo ha provocado que distintas entidades se manifestaran a favor y en contra por este movimiento de la institución tras haber recibido 278 solicitudes instando a la prohibición de cazar el lobo ibérico, y tras estudiarlas expresó que se vulneran varios artículos constitucionales.

Planes de caza

En cuanto a la respuesta de Europa acerca de si se ajusta a derecho la decisión de Asturias, Galicia y Cantabria de anunciar planes de caza de lobo. Estas acciones se activaron tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La comisaria europea se ha expresado así ante una pregunta registrada por Podemos y Alianza Verde en la que preguntó si Bruselas considera «ajustada a derecho» la decisión de Asturias, Galicia y Cantabria de anunciar planes de caza de lobos tras la salida de la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

Decisión prejudicial

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vilhelmsson ha hecho referencia a la sentencia emitida en 2024 por el Alto Tribunal europeo ante una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

En ella, el TJUE dictaminó que el artículo 14 de la Directiva Hábitats se oponía a una normativa española que permitía la caza del lobo, ya que la especie estaba incluida en el anexo V y su estado de conservación se consideraba «desfavorable-inadecuado».

A la espera de información

Además, ha señalado que desde Europa, en concreto la Comisión Europea, se espera la información actualizada sobre el estado de conservación del lobo en España que el Gobierno enviará a Bruselas este mes.

Aún así, la comisaria europea ha recalcado que las autoridades competentes deben garantizar que las decisiones relacionadas con la caza de las poblaciones de lobos que figuran en el anexo V se fundamenten en «sólidas» pruebas científicas relativas al estado de conservación de la especie «a la luz de los principios de prevención y cautela».

Censo del lobo

Debemos recordar que hace unas semanas el muy esperado censo nacional del lobo en España fue publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), con unos resultados que arrojan un incremento de un 12% de manadas de lobos con respecto al anterior registro elaborado entre 2012 y 2014).

Según el censo nacional, la cifra total es de 333 manadas de lobos en toda España, lo que supone un incremento del 12% respecto al censo anterior (2012-2014), en el que se registraron 297 manadas.

Sin embargo, a pesar del aumento poblacional y del área de distribución, desde el MITECO se consideraba moderado, especialmente, en el límite del área de distribución oriental y meridional de la especie. Los científicos consideran que, para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo, deben alcanzarse las 500 manadas.

Delito penal

Podemos y Alianza Verde han avisado que estas prácticas podría implicar infracciones graves de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como posibles delitos penales relacionados con la caza ilegal de especies protegidas, que implican penas de prisión de hasta dos años, multas e inhabilitación para cargo público.

De forma concreta, han advertido en Europa que si el Gobierno de Cantabria continúa impulsando batidas contra el lobo, podría estar actuando fuera del marco legal comunitario. En este marco, han exigido a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que confirme públicamente que se ha dado la orden de detener cualquier acción cinegética o de control letal sobre el lobo.

Transparencia en las órdenes

Además, han pedido que se informe «de forma transparente» a la ciudadanía sobre las instrucciones trasladadas a los técnicos y agentes del medio natural. Para el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, «las trampas y los bulos de las derechas no se sostienen, y el lobo debe ser una especie protegida».

«El censo del lobo que se hizo público recientemente desmonta todos los mitos sobre la amenaza que representa la especie, y ahora la Comisión también nos da la razón. Por eso hacemos un llamamiento a las comunidades autónomas (CCAA), especialmente a Cantabria, a detener las matanzas, pero también al Ministerio a moverse y devolver al lobo al LESPRE», ha indicado.