El Tribunal de Cuentas auditará el gasto de la inmigración ilegal tras apoyar el PP una iniciativa de Vox

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha aprobado este martes remitir una solicitud para auditar el gasto de la inmigración ilegal. Esta decisión llega a través de una propuesta de Vox que ha recibido el apoyo del Partido Popular (PP).

La iniciativa ha salido adelante con un total de 20 votos a favor, por sólo 15 en contra y ninguna abstención. El PSOE ha rechazado de manera frontal la propuesta, igual que sus socios de Gobierno, Sumar, formación que ha calificado de «absolutamente lamentable» y «francamente repugnante» el proyecto durante el debate llevado a cabo en el Senado.

Juan José Aizcorbe, diputado de Vox, ha defendido este martes la propuesta impulsada por su partido y apoyada por el PP, al presentar tanto «la inmigración ilegal» como «sus secuelas» como «un problema cierto y grave, con un gran impacto económico negativo para el Estado y para los españoles». Aizcorbe ha denunciado además que «nadie se atreve a dar las cifras».

Engracia Rivera, representante de Sumar, ha calificado de «repugnante» la iniciativa y ha querido tachar de «retorcimiento racista» a la solicitud de auditar el gasto de la inmigración ilegal. «Nadie es ilegal por buscar un futuro mejor para sí mismo o su familia», ha transmitido.

El socialista Pedro Martín ha hablado de una estrategia «lamentable» y acusado a Vox de «sembrar odio y desprecio sobre el inmigrante». Asimismo, desde el PSOE acusan a la formación presidida por Santiago Abascal de «recoger resentimiento que luego puedan convertir en votos».

María Pilar Alía, diputada del PP en el Senado, ha defendido que su grupo no puede oponerse a «conocer la verdad sobre el uso y destino de los fondos del Estado en esta materia». Los populares apoyan la iniciativa de Vox porque entienden que «no hay nada que ocultar» y, en voz de Alía, precisan que el Partido Popular defiende una política migratoria ordenada, legal y mutuamente beneficiosa», que sea «bien gestionada» y «eficaz», para lo que es necesario «considerar los costes».

El coste de un inmigrante ilegal

La iniciativa de Vox fue presentada con el objetivo de que los ciudadanos españoles pudieran conocer «el coste de la inmigración ilegal» que acusan a unos Gobiernos a los que también reprochan «opacidad administrativa» por no responder a los «numerosos requerimientos de información por parte de Vox en distintas instituciones».

Vox registró estas dos propuestas de fiscalización después de que Abascal asegurara en una sesión de control al Gobierno en el Congreso que a los españoles les cuesta más «mantener a un inmigrante ilegal o a un mena que pagar a un anciano español en una residencia».

«Queremos que el Tribunal de Cuentas fiscalice con luz y taquígrafos todo el gasto público en materia de inmigración ilegal», explicó el lunes el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa, quien también demandó fiscalizar «desde las subvenciones a ONGs que viven del drama migratorio, hasta los recursos que destina el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a atender a quienes han entrado saltándose» la ley.