Crónica de campaña

El tercer pago de Sánchez a los independentistas

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Quim Torra. Foto: Moncloa.

Esta es la sentencia generalizada que se tiene en medios jurídicos tan independientes como solventes, tras el conocimiento pormenorizado de la decisión del Supremo. No hay que explicar que los condenados llevan ya dos años en la cárcel, que la concesión de posibles beneficios penitenciarios depende de la Administración de Justicia catalana, y que ya hay precedentes de cómo entiende ésta la aplicación del tercer grado. Véase si no el caso de Oriol Pujol que tiene la prisión sólo como dormitorio pagado por el Estado, y que no ha sido afectado en absoluto por la negativa del juez de Vigilancia Penitenciaria que, en coincidencia con el fiscal, adujo que no había motivos para conceder el tercer grado al estafador. “¡Ah!- dijeron- ¿qué no quieren el tercer grado?; vale, nos acogemos a otro artículo del Reglamento Penitenciario y le sacamos del trullo”. Pues bien: esto es lo que se teme con los sediciosos -ya no hay por qué llamarles presuntos- de octubre de 2017.

Una corriente de impunidad, a lo mejor excesiva, está recorriendo ahora mismo las opiniones de múltiples juristas que esperaban otra cosa de la expresión detallada del Supremo. Lo mejor que puede decirse de ella es que iguala las penas de prisión a las de inhabilitación, con lo que Junqueras y su cuadrilla de facciosos no podrán ocupar cargo alguno en mucho tiempo. Ahora bien: ¿qué importa al movimiento rebelde tal limitación? Pues una higa. Hace unos días, un componente muy efectivo (lo digo por su extremada violencia) de los CDR, Comités de Defensa de la República, se adelantaba a la sentencia del Supremo y amenazaba así: “Si el Estado condena a nuestros dirigentes, su sangre, como la de los cristianos, forjará nuevos mártires”. Con dos. Y en eso están. En eso, y obligar al Rey a que se entreviste con el jefe actual de los sediciosos. ¿Habrase visto mayor desvergüenza?

Habrá que constatar ahora que decisión toma el Parlamento regional en el Pleno convocado para esta semana. ¿Hará una nueva declaración de independencia? Aunque muchas opiniones catalanas aseguran que esta vez no se atreverán a cometer tamaño desmán, visto, por ejemplo, que le ha ocurrido a Forcadell, la presidenta títere que promocionó aquella moción, no hay que tenerlas todas consigo. Puede suceder de todo en ese desafío a primera sangre que han desatado los independentistas. Esta ya es una guerra, aunque afortunadamente aún sin víctimas, y quien llama a la guerra, no tiene en cuenta sus consecuencias.

Por lo demás, los analistas más juiciosos de la política española, incluidos juristas de todo jaez, están afirmando ahora mismo que, tras la sentencia de Marchena y de sus colegas magistrados, anida una muy preocupante realidad política: “Este -me dicen- es el segundo pago de la cuenta que tiene pendiente Sánchez con los independentistas que le votaron en la moción de confianza”. Siguen: “El primer pago fue el de Navarra cumplido a rajatabla con el PNV y con Bildu; ahora tocaba Cataluña”. De repente, el extraordinario juicio que se hacía hasta el momento de Marchena, se ha tornado en una crítica indisimulable. También me dicen; “Se ha plegado o, ¿es que no quiere ser presidente del Tribunal Supremo? ¿O es que no sabe que para ello necesita el apoyo del PSOE”.

No se responda a estas proposiciones argumentando que Marchena sólo ha sido una víctima de su pasión por la unanimidad; no, lo cierto es que su sentencia, la de todos los magistrados, no contiene un solo párrafo que advierta sobre la indecencia que sería ofrecer el tercer grado inmediatamente a los ahora condenados. Sánchez ha presionado indignamente como es él y ha conseguido una victoria, por eso ahora se muestra ufano diciendo que no hay que hablar de indultos, porque, ¿para qué indultos que son muy incómodos para el Gobierno, si los condenados estarán pronto en el carrer?

El Supremo ha abaratado, eso es inequívoco, el comportamiento de unos individuos que, desde el Estado mismo, que no otra cosa es la Generalitat, se han alzado contra el propio Estado. Eso ningún artículo del Código Penal podía preverlo. España ha parido un ratón y los golpistas se han mofado de nosotros.

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