El Supremo avala por unanimidad la orden de registrar el despacho del fiscal general

El Tribunal Supremo, a través de su Sala de Apelaciones, ha avalado por unanimidad la orden de registrar el despacho de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, para investigar la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los recursos presentados por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado han sido desestimados por parte de los jueces Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres. Se considera, de esta manera, que el delito investigado lo permite, la investigación era necesaria y el registro del despacho del fiscal general del Estado es el único medio posible para proceder con la misma.

Desde la Fiscalía y la Abogacía del Estado se había denunciado una vulneración de derechos fundamentales, en busca de la nulidad del registro de García Ortiz y del efectuado ese mismo 30 de octubre en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El Ministerio Público defendía que ambos registros eran nulos y que todo lo hallado en ellos no debería tenerse en consideración en la investigación. A su juicio, los autos de entrada y registro «no contienen razonamiento alguno para justificar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas acordadas».

Además de pronunciarse por escrito en su recurso, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, verbalizó su oposición a la actuación del magistrado y explicó que no participaba en el interrogatorio al fiscal general el pasado 29 de enero al considerar que hacerlo sería dar validez a la investigación.

García Ortiz y la dimisión

En su última comparecencia en el Senado, el fiscal general aseguró que le sería «mucho más cómodo» dimitir, pero que no lo hace porque cree que eso dejaría en una situación de «debilidad» a la Fiscalía y a quien le suceda en el cargo, advirtiendo de que esta brecha sería utilizada por fenómenos criminales como el terrorismo o el narcotráfico. Ahora, García Ortiz ve como el Tribunal Supremo aprueba por unanimidad el registro de su despacho.

«Desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y, por eso, me quedo en ella», comentó en su declaración en la Comisión de Justicia que se celebró el pasado martes en el Senado, donde PP y Vox le instaron a renunciar al puesto.

Desde la Fiscalía se mostraron en la tesitura de que, si Álvaro García Ortiz dimitiera, «estaría haciendo una concesión, una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas», y «y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad».