Los socios separatistas de Sánchez abortan la creación de una agencia central de compras antipandemias

El PP pretendía lograr una estructura mínima en el Ministerio de Sanidad para evitar que se repita lo ocurrido en la expansión del coronavirus el pasado mes de marzo. La idea pasaba por crear una agencia central de Sanidad capaz de comprar de urgencia el material de protección y tests necesarios para evitar la disparada mortalidad y el colapso hospitalario generado por la COVID-19 en su primera embestida en España.

Pero los socios separatistas del Gobierno han preferido dar rienda suelta a sus anhelos nacionalistas y han bloqueado el desarrollo de esta entidad porque supondría «centralizar» competencias de las regiones. El argumento de los independentistas, aceptado ya por Pedro Sánchez, vuelve a dejar a España a expensas de un rebrote del virus. Porque lo cierto es que el Ministerio de Sanidad, tal y como está diseñado, carece de capacidad, profesionales y vías para poder asumir el mando único que le exige la declaración del estado de alarma.

El PP abogaba por lograr un pacto de todos los grupos en materia sanitaria porque «es lo que esperan los sanitarios y el conjunto de españoles para que el sistema sanitario salga reforzado de esta crisis», según fuentes del PP.

Rediseño del Ministerio de Sanidad

Los ‘populares’ han instado, de ese modo, a todos los partidos a pactar un rediseño del Ministerio de Sanidad para evitar el desastre ocurrido en la llegada de la pandemia del coronavirus: España, con un sistema sanitario claramente superior a la media de los países más avanzados, ha registrado la mayor tasa de mortalidad del planeta por número de habitantes.

El PP no se niega a buscar esta reforma en la tramitación del proyecto de ley de ‘nueva normalidad’.

Pero, lo cierto es que los socios separatistas de Sánchez ya han bloqueado las opciones de avanzar en este diseño de una agencia central de Sanidad. El PSOE ha aceptado el bloqueo a cambio de seguir contando con el respaldo de esos partidos al Gobierno.

El objetivo era la creación de una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial, una entidad inmersa en el seno del Ministerio de Sanidad cuyo objetivo «no es el elemento recentralizador, sino el de crear una herramienta para que las comunidades autónomas tengan una silla para la cogobernanza de la salud pública», señalan desde el PP.

De esa agencia central de Sanidad debería haber dependido un equipo profesional y formado en la compra de material de urgencia para el combate y control de las pandemias; un equipo conocedor de la capacidad hospitalaria de todas las comunidades que pudiera coordinar toda la disponibilidad de camas, de unidades de UCI y demás recursos en caso de necesidad y urgencia para evitar la falta de asistencia en ningún rincón de España; y una estructura de mando mínima, capaz de coordinar todas las decisiones de urgencia ante cualquier alerta.

Pero todo ello ha quedado truncado por el ansia separatista de ERC, PNV y EH Bildu, los socios estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, por debajo de un Podemos que respalda igualmente a los socios separatistas.

No es la primera vez que el secesionismo muestra su radicalidad y lo antepone a los intereses de la población: incluida, por supuesto, la de sus regiones. En pleno avance inicial del coronavirus y, pese a que el sistema sanitario de Cataluña y País Vasco, entraban de forma evidente en colapso al dispararse los casos de coronavirus, tanto el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, como el lehendakari Iñigo Urkullu rechazaron la ayuda del Ejército para levantar hospitales de campaña.

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegaron a Cataluña dispuestos a desinfectar las instalaciones del aeropuerto de El Prat y el puerto de Barcelona. Pero el Ejecutivo de Torra mostró su malestar por la presencia del Ejército que acudía a luchar contra la pandemia del coronavirus y solicitó la retirada de los recursos que pretendían salvar vidas: vidas del pueblo al que los separatistas dicen defender.

La consellera de Salud, Alba Vergés, rechazó expresamente en aquel momento pedir ayuda al Ejército para levantar hospitales de campaña: «Nosotros nos estamos preparando para el aumento de casos graves. No se trata de pedir el rescate a no sé qué Ejército», señaló la separatista en aquel momento.

Cataluña sumaba ya en aquel momento un total de 4.203 casos de contagio y 122 muertes por coronavirus. Y, mientras millones de españoles permanecían encerrados en casa cumpliendo la cuarentena, el president Quim Torra ofreció una entrevista a la BBC en la que mintió al afirmar que el Gobierno español se negaba a aplicar cualquier medida de confinamiento.

Hospital de campaña en Álava

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado ya previamente que efectivos de la UME levantarían un hospital de campaña en Álava. El País Vasco registraba por aquel entonces un total de 1.465 casos de contagio y 71 fallecidos por coronavirus.

Medio centenar de militares de la UME, pertenecientes al batallón BIEM IV con sede en la base aérea de Zaragoza, habían llegado a Araca, en las proximidades de Vitoria, para llevar a cabo este plan.

Sin embargo, emulando al caso catalán, los soldados tuvieron que retirarse en 24 horas sin haber comenzado a levantar el hospital de campaña ni haber llevado a cabo ninguna actuación contra el coronavirus.

La protesta del lehendakari Urkullu bastó para que el Gobierno diera la orden de dar marcha atrás y ordenara la retirada de todos los efectivos de la UME, que regresaron a su base en Zaragoza, pese a haber sido enviados por el Ministerio de Defensa.