Una juez investiga a la Generalitat por impedir la apertura de un hospital de campaña de la Guardia Civil
Una juez de Martorell (Barcelona) ha decidido investigar si la Generalitat ha incurrido en un delito por rechazar la apertura de un hospital de campaña que la Guardia Civil levantó en el municipio de Sant Andreu de la Barca para pacientes de coronavirus y que permanece vacío desde hace tres semanas.
La magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 VIDO de Martorell (Barcelona) ha acordado abrir «con carácter urgente» las diligencias que solicitó un particular y a las que se ha sumado la Fiscalía para esclarecer si el gobierno catalán ha cometido un delito al no permitir que el equipamiento entre en funcionamiento.
Así lo sostiene en un auto, en el que ordena a la Consellería de Salud informar en un plazo de 48 horas sobre quién dio la orden de instalar dicho hospital de campaña, ubicado en un polideportivo, qué autoridad denegó la apertura del mismo y en base a qué motivos.
Determina de este modo la apertura de las diligencias necesarias «encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho debido todo ello a la gravedad de los hechos denunciados y la especial situación de crisis sanitaria por la que se está atravesando».
La juez ha solicitado esta documentación a raíz de la denuncia de un abogado que acusa al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consellera de Salud, Alba Vergés, de un delito de homicidio por imprudencia grave.
En el marco de las pesquisas, ha pedido al Departamento el nombre de la persona que ordenó la instalación del hospital de campaña o que identifique a la autoridad de ámbito municipal, comarcal o provincial que así lo estipuló.
Quién denegó la apertura
Insta además a la Generalitat a informar sobre quién denegó la apertura del centro y por qué motivos no se acordó la correspondiente autorización y le pide que aporte la documentación que lo pruebe, además del protocolo que «debía seguirse para la instalación y posterior apertura del hospital de campaña», el cual no recibió el visto bueno después de que Salud considerase que no cumplía con las necesidades del sistema sanitario.
En el mismo auto, la magistrada requiere a la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona en el Puesto de Sant Andreu de la Barca para que aporte en 48 horas la autorización recibida para la instalación del hospital, así como el documento de denegación, en el que debe figurar la fecha, la autoridad que lo firma y las razones con las que se argumenta tal decisión.
Asimismo, pide al instituto armado que remita el protocolo de actuación que se siguió en la instalación del hospital, que levantó el pasado mes en colaboración con el Ayuntamiento del municipio para derivar a contagiados por coronavirus que recibieran el alta hospitalaria pero que no pudiesen estar en casa.
Por otro lado, la juez instructora ha decidido reclamar al consistorio que especifique cuál fue su intervención y participación en la instalación del hospital, si fue suya la orden de que se montara en el polideportivo y qué papel tuvo en la habilitación de un hotel medicalizado en la localidad.
Finalmente, insta al Hospital Sant Joan de Déu a informar si en los últimos quince días se han dejado de ingresar pacientes por falta de capacidad hospitalaria y, en dicho caso, que detalle a qué otro centro han sido derivados.
Como Torra y Vergés -contra quienes se interpuso la denuncia- son aforados dada su condición de diputados en el Parlament, el juzgado de instrucción se inhibió de investigar el caso en favor de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Sin embargo y hasta que el alto tribunal catalán resuelva sobre la competencia, la magistrada continúa las pesquisas.