Sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil cargan contra la Ley de Abusos Policiales vasca

El portavoz del SUP, Ramón Cosío, ha afirmado que es «un blaqueamiento» de la norma aprobada en 2016 sobre la que el Gobierno de Mariano Rajoy había planteado un recurso de inconstitucionalidad. «Tanto PNV como PSOE pactaron modificaciones para hacerla más asumible», ha apuntado.

En este sentido, ha considerado que son los tribunales los que tendrían que resolver si la Ley es constitucional o no, tal como hicieron en el caso de la norma navarra, que «se ha echado para atrás directamente».»En esa búsqueda de apoyos y de guiños del entorno nacionalista para conseguir votos, nos encontramos en esta tesitura», ha afirmado.

Por su parte, el secretario jurídico estatal de Unión de Guardias Civiles, Faustino Brañas, cree que el artículo 117 de la Constitución «está siendo vulnerado», ya que «la tutela efectiva de los tribunales se está viendo comprometida».

«Se están creando, de alguna manera, tribunales paralelos. Eso es jurídicamente una salvajada. La independencia que tienen los distintos palamentos está ahí, pero no se puede pasar por encima de la Constitución», ha añadido.

Según ha explicado, el grupo de trabajo creado para denunciar la Ley de Abusos Policiales vasca, entre los que se encuentran el SUP y la Unión de Guardias Civiles (UnionGC) «lo está tratando jurídicamente, llevándolo al Supremo, y si llega el caso», lo elevarán al Tribunal Constitucional.

Además, ha lamentado que «se intente equiparar los derechos» de los damnificados por ETA «a supuestas víctimas que, hasta ahora no se sabía nada de ellas, y que están empezando a surgir».

«Esos delitos o supuestos delitos han prescrito, con lque consideramos que lo que se está haciendo jurídicamente es una aberración», ha sentenciado.

Por su parte, Carmen Serrano, de Jusapol, ha mostrado su rechazo a esta ley, que «vulnera o invade las competencias del Poder Judicial, dotando a un órgano administrativo creado ‘ad hoc’ de la capacidad de investigar y resolver vulneraciones de Derechos Humanos, que no dejan de ser ilícitos penales, sino que además están conculcando derechos fundamentales reconocidos en nuestra propia Constitución, en la Carta Fundamental de Derechos de Europa y en convenios internacionales de Derechos Humanos, como es la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia».

«Es evidente que en estos expedientes, al final, se va a señalar a una persona, aunque no se identifique, como responsable de vulneraciones de Derechos Humanos sin haberles dotados de derecho de defensa ni de presunción de inocencia», ha añadido Serrano, que ha recalcado que «no es esta la forma», puesto que existen «los juzgados y los juicios».

Bronca con Arzuaga

Serrano ha criticado la actuación del parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, que ha calificado las protestas de los colectivos policiales por la aprobación de la Ley de Abusos Policiales con el de «los nazis que protestan por el juicio de Núremberg». Por su parte, la coalición abertzale ha asegurado que miembros de estas asociaciones le han hecho una peineta y le han llamado «miserable».

Para Serrano, el comportamiento de Arzuaga ha sido «vergonzoso», por lo que ha exigido la rectificación de sus palabras. «Él está ahí representando a la ciudadanía, y no son formas. La violencia, sea verbal o física, nunca puede ser una herramienta política».

Por su parte, el portavoz del SUP, Ramón Cosío, ha criticado la «salida de tono impropia de un parlamentario elegido por la ciudadanía», aunque ha recordado que Arzuaga «tiene un pasado procesado por su vinculación con la banda terrorista ETA».

Por ello, no le extraña «el tono de las declaraciones empleadas y los adjetivos y calificativos que utiliza para referirse a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado». En esta línea, ha dicho que están «dolidos y ofendidos».

«Debería ser reprobado por la propia Cámara y se le debería llamar al orden porque es impropio de un parlamentario que utilice ese tipo de calificativos, sobre todo, cuando se está refiriendo a unos funcionarios públicos que son los garantes de los derechos y libertades», ha declarado.