El sector afín al PSOE maniobra en el Constitucional para bendecir el golpe de Sánchez que anula al CGPJ

Los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol legalizarán la maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez que maniató al Consejo General del Poder Judicial, a través de una ley que le impide hacer nombramiento estando en funciones. Según ha podido saber OKDIARIO, los ponentes de los recursos presentados por Vox y PP ante el Tribunal de Garantías están ultimando los últimos flecos del borrador, aunque «tardará un tiempo» en elevarse al Pleno para su examen.

Fuentes del Constitucional consultadas por este periódico aseguran que Balaguer, encargada de redactar la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido de Santiago Abascal, y el actual vicepresidente Xiol, que deberá pronunciarse por el presentado por los populares, coinciden en el sentido de sus escritos: ambos avalarán la medida adoptada por Sánchez y apoyada por sus socios en el Gobierno. Estos dos magistrados de la Corte de Garantías, afines al PSOE, coinciden en que dicha reforma –que ha atado de pies y manos al órgano de gobierno de los jueces al impedirle realizar nombramientos– es constitucional.

Los borradores de las sentencias resaltan, según explican fuentes internas, que «la Carta Magna no prevé la prórroga del Consejo General del Poder Judicial, sólo se ciñe a las funciones de éste durante su mandato. Pero no dice nada sobre sus poderes estando en funciones». Añaden: «Es una Ley Orgánica, y no la Constitución, la que recoge que mientras no tomen posesión los nuevos magistrados, los vocales del anterior Consejo continuarán en funciones». Por tanto, explican, «quien determina que el CGPJ tenga unos poderes limitados, cuando no haya sido renovado, es el legislador y éste puede cambiarlos cuando lo crea conveniente». Esa es la tesis en la que se apoyan los magistrados en sus borradores, según explican fuentes judiciales a este periódico.

49 sentencias más

Pese a que ya está finiquitado el borrador, a falta de ultimar algunos detalles, no se debatirá hasta dentro «de un tiempo» porque el tribunal aún tiene 49 sentencias delante de ésta. Tampoco se le dará «carácter de urgencia» porque «es un tema bastante complejo que se ha visto alterado con otra ley del Gobierno». Y es que, hay que recordar que el Ejecutivo de Sánchez –después de aprobar esta ley orgánica– tramitó una reforma exprés que habilitó al Consejo General del Poder Judicial para realizar únicamente los dos nombramientos previstos para el Constitucional con un único objetivo: asaltar el órgano de garantías que pasará de una mayoría conservadora a progresista.

También exponen otro argumento para no resolver estas sentencias, que no serían aprobadas si fuesen debatidas con los magistrados que actualmente conforman el Pleno porque hay una mayoría conservadora, y es que «el Constitucional no interfiere -de acuerdo con la práctica inveterada en estos cuarenta años- en los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes» en relación con las negociaciones entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Sin embargo, «esas negociaciones se han roto, por lo que no supondría una interferencia de ningún tipo», explican otras fuentes.