Sanidad sabía desde el inicio de la pandemia que la mayoría de ancianos de más de 80 años no accedían a la UCI

En el fuego cruzado por las responsabilidades en la atención a los mayores – el colectivo más vulnerable durante la crisis pandémica- cabe señalar un dato. El Ministerio de Sanidad conocía en todo momento el reducido porcentaje de mayores de 80 años que accedían a las unidades de cuidados intensivos. 

Los protocolos para la hospitalización y el acceso a la atención de pacientes críticos están en el punto de mira. Sanidad, por ejemplo -y según se recoge en el Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2- pedía claramente entre sus criterios identificar «las expectativas objetivas de recuperación» del paciente, valorando además «la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal». En la práctica, esto suponía un contratiempo para la población más envejecida y, por tanto, afectada de otras enfermedades previas.

Desde el comienzo de la crisis, los informes del propio Ministerio revelaban una circunstancia llamativa: el escaso número de pacientes de más de 80 años que accedían a las UCI.

El 21 de marzo, los balances diarios de Sanidad empezaron a ofrecer el dato de distribución de hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos por grupos de edad. De los 3.020 casos confirmados hasta ese día entre mayores de 80 años, 1.710 habían requerido de hospitalización (25,10%), pero sólo 34 habían sido atendidos en UCI (7,02%). Un dato sin duda llamativo ya que era entre este colectivo donde se registraban más ingresos hospitalarios. Comparando con otras franjas de edad, entre los de 70 y 79 años se registraban 1.678 hospitalizados, y un 34,09% en UCI.

Por poner otro ejemplo, en plena crisis pandémica, a mediados de abril, se repetía la misma situación: 16.692 casos confirmados entre 80 y 89 años; 10.824 hospitalizaciones, pero sólo 162 ingresos en UCI (3,3%). Las defunciones eran, en este colectivo, las más elevadas: 4.016, según el balance que por entonces presentaba Sanidad.

Un mes después, 15 de mayo, ya en proceso de desconfinamiento, idéntico escenario. 37.426 casos, 18.833 hospitalizados y 932 en UCI (4,2%). Los fallecidos, 7.867.

El 2 de abril, Sanidad hizo público su dossier para establecer las «prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechosos» del coronavirus.

«Expectativas de recuperación»

En el documento avisa que si bien «el llamado deber de asistencia es una proyección del derecho constitucional a la protección de la salud» ante «la demanda masiva existente y la escasez de recursos para atenderla» se podría producir «una reducción del disfrute efectivo de ese derecho». En este contexto, Sanidad plantea abiertamente «la priorización de los individuos potencialmente más expuestos al contagio o ya infectados».

El informe admite que «en efecto, en una abrumadora emergencia de salud pública, muchos pacientes podrían requerir el uso de los aparatos de ventilación mecánica disponibles, pero en un desastre del tamaño de una pandemia como la del SARS-CoV-2 pueden no ser suficientes para satisfacer las necesidades existentes, tal vez incluso aunque se organicen centros asistenciales dotados de estas prestaciones».

Como criterio general aplicable para la admisión de pacientes en cuidados intensivos y ventilación mecánica asistida se considera en primer lugar la «no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación patológica del paciente y a las expectativas objetivas de supervivencia». Ello implica que se tendrá en cuenta una valoración del estado general del enfermo, lo que resulta comprometido para aquellos que padezcan enfermedades previas, como suelen ser los pacientes de edad más avanzada. También se avisa del «principio de máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas, que debe compatibilizarse con la continuación de la asistencia iniciada de forma individual de cada paciente».

El siguiente criterio es la «gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos (asistencia en unidades de cuidados intensivos y acceso a ventiladores mecánicos o, en su defecto, acceso en todo caso a estos últimos)».

También se pide evaluar las «expectativas objetivas de recuperación del paciente en el corto plazo a su estado previo de salud, teniendo en cuenta la concurrencia o no de patologías graves acompañantes que evidencien un pronóstico fatal (enfermos terminales con pronóstico de irreversibilidad, estado de coma irreversible, etc.), aunque pueda comportar una atención clínica añadida». Es decir, de nuevo los mayores son los más afectados.

Por último, se tendrá en cuenta según Sanidad el «orden temporal de entrada en contacto con el sistema de salud, consistente en este caso en la data de ingreso en el centro, con el fin de objetivar el punto de partida de los pacientes de los que se responsabiliza el sistema. Sin embargo, este criterio nunca debe anteponerse a los anteriores, pues podría provocar la preferencia de pacientes de menor urgencia, atendiendo a la gravedad de su situación, o de pacientes sin ningún pronóstico favorable sobre su recuperación».

El mismo documento sí precisa que la edad en sí misma no es un criterio, si bien los otros factores establecidos hagan que, en la práctica, la población más envejecida y con peor estado de salud se vea comprometida.

«Excluir a pacientes del acceso a determinados recursos asistenciales o a determinados tratamientos (por ejemplo, aplicar dicha limitación a toda persona de edad superior a 80 años) resulta contrario, por discriminatorio, a los fundamentos mismos de nuestro estado de derecho (art. 14 Constitución española)», advierte Sanidad.

«En este sentido, los pacientes de mayor edad en caso de escasez extrema de recursos asistenciales deberán ser tratados en las mismas condiciones que el resto de la población, es decir, atendiendo a criterios clínicos de cada caso en particular», añade.