Sandro Rosell prueba ante la juez Lamela que su intermediación no perjudicó a la Federación Brasileña

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha acreditado que el contrato que firmó con la mercantil árabe Internacional Sports Events (ISE) gracias a la intermediación del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell para comercializar partidos amistosos, no solo no le perjudicó sino que supuso un beneficio para sus intereses.

Así se desprende de un certificado de la CBF que la defensa del exdirectivo azulgrana ha aportado a la causa en la que se le investiga por los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. El documento expone que esta entidad es privada, no tiene injerencias del Estado y no recibe fondos públicos.

El certificado, firmado por el secretario general de la CBF, Walter Feldman, y con fecha del 19 de abril, refleja que tras la realización de investigaciones internas, el contrato firmado en el año 2006 con el grupo empresarial árabe dedicado a la explotación de eventos deportivos propició unas condiciones más favorables a los intereses de la Confederación porque el importe pagado por los partidos amistosos de la selección brasileña aumentó sensiblemente.

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela mantiene a Rosell en prisión desde el mes de mayo del año pasado por el cobro presuntamente de comisiones ilícitas de los derechos de la selección brasileña de fútbol y por integrar presuntamente una organización criminal internacional con la que habría blanqueado casi 15 millones de euros.

Desde el inicio de la operación –bautizada como ‘Rimet’– tanto la juez instructora como la Sala de lo Penal han denegado su libertad hasta el diez ocasiones; la última a comienzos de esta semana apuntando a un elevado riesgo de fuga y a la complejidad de la instrucción que está casi finalizada.

La magistrada sostiene que la Confederación Brasileña tiene un «evidente interés público» como consecuencia del destino de sus fondos a incentivar y promocionar el fútbol en Brasil y que los acusados desviaron fondos ilícitos, resultado de sus actividades con la misma a ISE, con sede en las Islas Caimán.

Respaldo del Senado brasileño

El documento que obra en la causa recoge además las conclusiones adoptadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado brasileño en relación a la operación investigada descartando que existiera corrupción en el seno de este organismo.

Añade que el voto particular que emitió el exfutbolista y senador brasileño Romario de Souza Faria en la CPI sobre esta cuestión no se corresponde con el informe oficial de la cámara. Precisamente, el exjugador de fútbol azulgrana ha declarado por videoconferencia durante la instrucción de la causa por esta cuestión.

La defensa de Rosell añade que, tras acreditar la naturaleza de la Confederación y el resto de la investigación interna, se debe concluir que éste no ha cometido delito alguno y que incluso la mediación de Rosell en este asunto permitió que la Brasileña pasara a ser la selección mejor pagada del mundo, renovando dicho contrato seis años después, en el año 2012.

No existe blanqueo de capitales

Niegan igualmente que el empresario se beneficiara de su amistad con el expresidente de la CBF Ricardo Teixera,(también investigado en la causa) para conseguir el contrato y que ambos cobraran comisiones ilegales como consecuencia del mismo. De haber sido así, se estaría ante un delito de corrupción entre particulares y no de blanqueo de capitales al tratarse la Confederación de un ente privado que se financia exclusivamente con gastos propios, alegan sus abogados.

Con todo, su defensa razona que en estos once meses de instrucción solo se han practicado dos diligencias testificales y pedido dos comisiones rogatorias a Brasil. También denuncia que, a pesar de que se le reclaman 15 millones de euros (en concepto del supuesto perjuicio sufrido por la Confederación), a día de hoy se mantienen bloqueados todos sus bienes cuyo valor alcanzan los 33 millones de euros.

El escrito añade en lo que respecta a las acusaciones de que tendría dinero en el extranjero, que no ha quedado acreditado tal extremo y que el juzgado no ha presentado «ni una sola prueba» que así lo demuestre. Responde de esta manera a la juez instructora que mantiene que la investigación ha puesto de manifiesto su facilidad para viajar y vivir temporalmente en distintos lugares del mundo poseyendo además una gran fortuna «y lo que es más importante», cuentas, bienes y negocios fuera de España.

Contactos con el extranjero

Otra de las razones por las que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 se opone a la excarcelación es por las supuestas influencias que el empresario tiene para conseguir un refugio en países que blindan la extradición como Tailandia o Dubai.

Lamela insiste en que una conversación telefónica mantenida entre los principales acusados sobre qué países del mundo son más seguros para evadir la Justicia española pone de manifiesto su facilidad para obtener favores en países que permitan su entrada o de otros con la garantía de que no van a ser detenidos y entregados ante una solicitud de extradición.

Sus abogados reprochan que se le deniegue una y otra vez su libertad pese a haber ofrecido alternativas a la actual medida cautelare adoptada, tales como libertad con fianza, retirada de pasaporte, prohibición de salir del territorio español, implantación de pulsera electrónica o firmar cada día en el juzgado.

No pasa por alto que el también acusado y «compañero y amigo suyo» Joan Besolí, tiene un hijo que quedó paralítico como consecuencia de un accidente ocurrido semanas antes de su detención y, pese a esta situación personal, se le ha denegado igualmente su libertad. Anticorrupción le acusa de actuar como testaferro de Rosell y de integrar esta presunta red de blanqueo que se investiga en el marco de esta causa.