Sánchez ya coló al PP otra enmienda en 2021 que facilitaba a los etarras acceder al tercer grado

La reforma Txapote no es el primer gol que el Gobierno cuela al PP respecto a la política de presos etarras. En 2021, los populares tampoco se percataron de la modificación legislativa propuesta por el Ejecutivo que permitía flexibilizar el acceso de los criminales convictos de ETA al tercer grado. Ese error tuvo que solventarlo in extremis una enmienda propuesta, paradójicamente, por el Grupo Socialista en el Senado.

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 que encabezaba el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, puso sobre la mesa un proyecto de ley que permitía a los miembros condenados de la banda terrorista «acceder al tercer grado sin que se les exija, como hasta ahora, haber cumplido la mitad de la pena si así lo acuerda el juez». Así lo denunciaba entonces la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

El Consejo de Ministros redactó en junio de 2020 un proyecto de ley para la «protección integral de la infancia». El Ejecutivo mandó ese texto inicial a la Cámara Baja para que lo debatieran y, si lo consideraban, enmendasen sus artículos. Ese escrito incluía la modificación de varias normas, entre las que estaba el Código Penal.

Concretamente, reformaba el artículo 36 del Código Penal que regula las condenas mínimas y máximas, así como a partir de cuándo se puede otorgar el tercer grado. La ley establecía que, si un criminal era condenado a más de 5 años de prisión, no podía otorgarse el tercer grado hasta que se cumpliera la mitad de la pena, excepto algunas excepciones. En todo caso, la norma dejaba claro que no se podía dar ese permiso a condenados por «delitos de terrorismo» o «cometidos en el seno de una organización criminal».

Sin embargo, el proyecto de ley que el Gobierno remitió al Congreso en junio de 2020 modificaba ese precepto. La propuesta del Ejecutivo era incluir a los condenados por terrorismo, algo que no ocurría hasta entonces, entre los que pueden acogerse a un tercer grado y disfrutar de permisos antes de cumplir la mitad de la pena. Todo ello siempre que el juez de vigilancia penitenciaria así lo acordara.

El Gobierno lo tramitó por la vía de urgencia, lo que reduce los procedimientos que tiene que atravesar el escrito antes de ser publicado en el BOE. El texto llegó así a la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. El proyecto de ley superó el trámite de enmiendas y la ponencia en la Comisión sin que ningún grupo propusiera eliminar la enmienda que beneficiaba a los etarras.

Ausencia de oposición

Posteriormente, el proyecto de ley pasó al pleno de la Cámara Baja. Allí fue aprobado con un apoyo mayoritario, 268 diputados: el PSOE, el PP, Unidas Podemos y sus confluencias, ERC, Más País, Ciudadanos y el Grupo Mixto. Sólo votaron en contra Vox y el PNV. Vox se mostró en contra del dictamen porque, en su opinión, estaba creado para educar a los niños «a la imagen» de lo que representa el Gobierno, que para la parlamentaria María Teresa López Álvarez era la «destrucción de la familia, de la vida y de España». Eso sí, en aquel discurso se acordó de «las familias de esta treintena de niños asesinados por la banda terrorista ETA», pero no se percató de la medida que beneficiaba a los presos etarras.

Por su parte, el PP aseguró desde la tribuna del Congreso que esa ley «tenía sentido» y se vanagloriaba de haber «presentado casi 150 enmiendas», ninguna de ellas para eliminar el precepto que flexibilizaba el acceso de los terroristas al tercer grado. La entonces diputada y ahora portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró que era una «ley oportuna y necesaria» y que estaba «avalada por 500.000 firmas de españoles».

«Mejora técnica»

Paradójicamente, fue el socio de gobierno del ministerio que presentó el proyecto de ley quien tuvo que corregirlo. En el procedimiento de enmiendas en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista pidió la supresión de la disposición final sexta del texto, que incluía la medida que flexibilizaba el tercer grado a los etarras condenados. Entonces se justificó como una «mejora técnica».

Esta corrección de última hora del PSOE, justo antes de que se aprobase de forma definitiva aquella norma en el Congreso en 2021, contrasta hoy con la falta de acción del Ejecutivo socialista ante las críticas por la reforma de la Ley Orgánica 7/2014, la reforma Txapote. Esta modificación se traduce en una reducción de las penas a los miembros de ETA que hayan cumplido con parte de su condena en otro país de la Unión Europea.