Sánchez quiere que los jóvenes dediquen más horas a estudiar la «represión franquista»

La llamada Ley de «Memoria Democrática» pactada entre Pedro Sánchez y Bildu presta una atención especial a su enseñanza en las aulas. En el empeño de que los jóvenes sean instruidos en su visión de los hechos históricos, el texto dedica un apartado al «conocimiento y divulgación» de esa cuestionada «memoria». Prueba de que la izquierda trata de imponer su relato es que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha admitido abiertamente que la norma permitirá «reescribir» la historia.

«El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura», se sostiene en la ley, aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo decisivo de los cinco diputados de Bildu.

Los partidos que forman parte del Gobierno expresaron su preocupación por este asunto en la tramitación de la ley. En concreto, en una de las enmiendas, consultadas por OKDIARIO, PSOE y Podemos manifestaron la urgencia de «garantizar que las medidas en materia educativa» fuesen «eficaces», «corrigiendo la falta de materiales especializados» y la «desproporción» en el «tiempo dedicado a este periodo histórico». Los socios de la coalición pretenden además «implicar» en la implantación de las medidas a «toda la comunidad educativa», lo que incluirá también a las familias del alumnado.

La norma contempla la «actualización» de todos los libros de texto en las distintas etapas educativas y obligará a la formación «permanente» de los profesores, a quienes se instruirá en «el tratamiento escolar de la memoria democrática», impulsando «en la comunidad educativa el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición».

El Pleno del Congreso aprobó este jueves esta ley con el respaldo de PSOE, Podemos, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, frente al ‘no’ del PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. ERC y el BNG optaron finalmente por la abstención, por parecerles insuficiente. La norma seguirá ahora su tramitación en el Senado para ser aprobada, previsiblemente, a la vuelta del verano.

Bildu

Los votos de los cinco diputados de Bildu resultaron decisivos para que la ley pudiese salir adelante. Para lograr ese respaldo, Sánchez ha accedido a incluir varias enmiendas que cuestionan la Transición y sugieren la existencia de vulneraciones de derechos humanos en los primeros años de la democracia.

En concreto, la ley, a instancias de los proetarras, mandata al Gobierno a crear, en un año desde la entrada en vigor, una comisión técnica que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución y el 31 de diciembre de 1983», es decir, en el mandato de Felipe González. Ese estudio deberá recoger «posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo».

Además, se declara ilegal el sistema franquista, anulando sentencias de los tribunales en procesos políticos; las exhumaciones serán responsabilidad del Estado; se «resignificará» el Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Cuelgamuros y se incorporan sanciones de hasta 150.000 euros por destruir fosas, lugares de homenaje o por exaltación del franquismo, entre otros puntos. El Gobierno también prevé la exhumación del líder de La Falange, José Antonio Primo de Rivera. El texto determina que «en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas» y añade que «se procederá a la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto».