Sánchez promete a la Generalitat que participará en la selección de los profesores de los futuros fiscales

Pedro Sánchez avanza en sus concesiones a Quim Torra y cede a la Generalitat participar en la designación de los profesores de los futuros abogados del Estado y fiscales durante el período de especialización que, una vez aprobada la oposición, todos ellos deben superar en el Consejo de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Generalitat de Cataluña (CEFJE) en Barcelona. Así consta en un reciente acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y el CEFJE que se ha formalizado tras romperse el convenio anterior entre el organismo catalán y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la falta de «confianza» del primero en el segundo, el máximo órgano de representación de los jueces españoles.

El CEFJE vetó al CGPJ su participación en el sistema de elección de los formadores de los alumnos, impidiendo cualquier posibilidad de renovación de dicho acuerdo de colaboración docente. Así lo manifestaba la propia directora de la entidad académica catalana, Nuria Cleries, en un comunicado oficial emitido el pasado 27 de enero. No ha sido obstáculo para que Sánchez premie al CEFJE con su intervención en dicho proceso de selección, ampliando de manera oficial sus competencias.

El BOE (Boletín Oficial del Estado) del pasado 23 de enero publicaba la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia por la que se daba a conocer el Convenio firmado entre el Centro de Estudios Jurídicos(CEJ) -organismo autónomo adscrito al Ministerio de Justicia- y el CEJFE -organismo autónomo y dependiente de la Generalitat- en materia de “fiscales y letrados” que “presten sus servicios en Cataluña”, sin contar con el órgano de representación de los jueces.

La concesión del Ejecutivo socialista a la Generalitat se produce, además, en un contexto en el que las instituciones catalanas muestran, de forma reiterada, su disconformidad con que el Gobierno central mantenga el control sobre el personal vinculado a la Administración de Justicia. Tal es así que Torra paralizaba la apertura de 6 de los 8 órganos judiciales asignados para su comunidad autónoma en el próximo año.

Y es que la política está provocando una situación crítica para los profesionales de la Justicia en Cataluña, hasta tal punto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia catalán (TSJC), José María Barrientos, se veía obligado a prorrogar en su cargo a varios magistrados leridanos sustitutos ante la ausencia de candidatos para cubrir, en propiedad, las plazas de algunos partidos judiciales de la comunidad autónoma.

En octubre de 2019, la Sala de Gobierno del TSJC acordaba el nombramiento urgente de dos jueces de Lérida para atender los juzgados de Tremp y el número 2 de Balaguer. Ambas localidades perdían en dicha fecha a los titulares de las plazas y el órgano judicial se encontraba con que la bolsa de jueces sustitutos de la provincia está vacía. Algo inédito hasta la fecha.

Dos meses después, el presidente del TSJC confirmaba a los magistrados designados para dichas plazas y les renovaba -en régimen de «comisión de servicio sin relevación de funciones»- por tiempo indefinido, para garantizar la prestación de los servicios de Justicia y el ejercicio del derecho fundamental de defensa, recogido en la Constitución, a los ciudadanos que viven en los partidos judiciales afectados.

Jesús María Barrientos se lamentaba entonces de las dificultades con las que se encuentran en el Poder Judicial para cubrir plazas vacantes en Cataluña que se ven obligados a atender «por la vía de la prórroga de jurisdicción».

El Ministerio que tras la salida de Dolores Delgado para ser nombrada fiscal general, pasaba a ser gestionado por Juan Carlos Campo -ex portavoz de la comisión parlamentaria del PSOE- concede ahora a la Generalitat de Quim Torra la potestad casi exclusiva sobre los profesores que impartirán las materias a los futuros integrantes del Ministerio Público, a las órdenes de la propia Delgado, y de la Abogacía del Estado.