Sánchez prepara un nuevo ataque a Madrid: una ley para controlar la libertad comercial de Díaz Ayuso

Ayuso Sánchez AVE
Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en La Moncloa. (Foto: Comunidad)
Carlos Cuesta

La Comunidad de Madrid ha hecho de la libertad comercial uno de sus santos y seña. Y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez quiere inmiscuirse y bloquear parte de su flexibilidad. Con ese fin, el Gobierno prepara una Ley Básica de Áreas Urbanas de Promoción Económica y Comercial. Una norma que pretende, de nuevo, entrar en campo autonómico para limitar los espacios comerciales.

La norma figura ya en la agenda de trabajo del Gobierno. Su objetivo expreso, según detalla la documentación en poder del Gobierno, es la “regular desde el ámbito estatal unos mínimos básicos para facilitar la implantación y el desarrollo homogéneos de la figura de las Áreas Urbanas de Promoción Económica y Comercial (AUPEC) en los distintos municipios del territorio nacional”.

El responsable de esta reforma es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y eso implica que la responsable de fijar las reglas del desarrollo de las áreas comerciales pasaría a ser la ministra Reyes Maroto a partir de la implantación de esta ley.

Desde el Gobierno admiten que “la norma puede tener efectos significativos sobre la unidad de mercado, la competencia, la competitividad y las pymes”. La regulación de las AUPEC tiene como objetivo habilitar la creación, por parte de la iniciativa privada, de estos modelos de colaboración cuyo fin es dinamizar y modernizar la actividad económica y comercial en un área urbana determinada. Según el Gobierno, no se trata de inmiscuirse, sino de “contribuir a impulsar mejoras en la competitividad de los establecimientos comerciales españoles, muchos de los cuales revisten la forma de pyme”. Una explicación que suena mucho a la vieja teoría de que es necesario limitar el desarrollo de las grandes superficies y centros comerciales para defender a los comercios y tiendas pyme. Y ese argumento ha sido el utilizado de forma recurrente por la izquierda para bloquear nuevas zonas comerciales y horarios de apertura libres.

Intromisiones fiscales en Madrid

Hay que recordar que no se trata del primer capítulo de intromisión del Gobierno central en las capacidades autonómicas, en concreto, de Madrid. Lo está haciendo en este mismo instante en materia fiscal, donde pretende obligar a la comunidad de Isabel Díaz Ayuso a subir los impuestos rebajados por imperativo central. Por orden de Pedro Sánchez. Y lo ha hecho, de forma discriminatoria, recortando las inversiones presupuestarias en Madrid.

Así lo ha materializado, de hecho, en los últimos Presupuestos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha programado una inversión para el año 2022 en Cataluña y Andalucía dos veces mayor que la dispuesta para comunidades autónomas como Madrid o la Comunidad Valenciana, según el texto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). De este modo, el Ejecutivo recorta un 8,4% la inversión en Madrid y regalar a la Generalitat Catalana un 11,5% más.

La Comunidad de Madrid, que cuenta con un 14% de la población española y que aporta el 19,3% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, recibirá este año tan sólo el 8,9% del total de las inversiones territorializadas y una cantidad incluso inferior al 10,3% del presupuesto contemplado para este 2021. Por su parte, la inversión que el Estado destina a Cataluña en los Presupuestos aumenta un 11,5%, pasando a representar el 17,4% del total. Mientras, en la Comunidad Valenciana, las inversiones previstas por el Ejecutivo se incrementan en un 3,7% y pasarán a suponer un 9,3% sobre el total. En concreto, Cataluña recibirá en 2022 un total de 2.430,74 millones de euros y Andalucía, 2.267,07 millones, mientras que el Estado en la Comunidad de Valenciana invertirá 1.208,61 millones, y en Madrid, 1.151,46 millones de euros.

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