Sánchez no dará alas a Podemos frente al Rey: congela la Ley de la Corona hasta pactar con Zarzuela

La pretendida nueva Ley de la Corona nació con fuertes ansias políticas hace más de un año. Podemos presionaba para lograr una norma que exigiese a la Corona una transparencia superior a la de cualquier partido y, desde luego, muy superior a la que practica en sus finanzas el partido morado. El PSOE dio alas a esta iniciativa. Pero el distanciamiento entre los dos partidos ha crecido desde entonces. Y Sánchez no quiere dar una ayuda extra a Podemos permitiéndole meter en la agenda legislativa la nueva Ley de la Corona. Por ello, la decisión del Gobierno es la de no apretar las tuercas al Rey. Y, por lo tanto, la de congelar esta reforma legal hasta que haya un acuerdo pleno sobre su articulado con Zarzuela.

“No queremos enfrentarnos a Zarzuela. Nuestra postura no va a ser esa”, señala una fuente del Gobierno a OKDIARIO. Y lo hace en referencia a la reforma legal prometida y conocida como Ley de la Corona. Se trataba de un texto que debía exigir unas dosis de transparencia al actual Rey superiores a las que se exigen a otras instituciones o a los partidos políticos.

Y Moncloa ha cambiado de opinión. De hecho, ha pasado de presionar a Zarzuela justo antes del discurso del Rey del pasado año para que defendiera la necesidad de esta reforma legal, a preferir un fair play y dejar la norma, por el momento, en fase durmiente.

Pedro Sánchez llegó a pedir a la Casa del Rey que su discurso de Nochebuena, el más esperado de la apertura de las Navidades, allanase el camino de la futura Ley de la Corona. Y es que PSOE y Podemos querían por aquellas fechas impulsar esa nueva regulación de la Monarquía en España.

La exigencia concreta pasó por el hecho de pedir al Rey que se prestase a justificar, ante todas las familias de España y en el momento más hogareño y cercano imaginable, la necesidad de ese cambio normativo; es más: que fuese él mismo el que diese argumentos para la llegada de esa Ley de la Corona, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez consideraba en aquel entonces conveniente para evitar que la oposición se mostrase más combativa con la futura norma.

Lo cierto es que, a lo largo de este año, ha llovido mucho en esta materia. Suiza ha archivado el caso contra el Rey emérito; Hacienda ha filtrado sus deseos de aceptar la regularización fiscal de D. Juan Carlos; pero, sobre todo, Sánchez cuenta ahora -y no antes- con un nuevo proyecto de apoyo político en futuros parlamentos: el de Yolanda Díaz, persona que no quiere captar voto con su futuro partido desde un extremismo visible, sino desde uno invisible. Desde una radicalidad más camuflada. Y eso permite a Sánchez distanciarse de un Podemos que no levanta cabeza.

Cambio de criterio del Gobierno

En ese contexto, el Gobierno ha cambiado de criterio: “No vamos a entrar a una confrontación con la Casa Real. Nosotros no ganamos nada y otros sí”, señala a OKDIARIO otra fuente socialista conocedora de las negociaciones para la elaboración de la futura ley. Lo cierto es que esta norma ha plasmado a la perfección las tensiones del actual Ejecutivo. Nunca ha llegado a haber un texto legal cerrado y definitivo sobre el que debatir, como confirma a este diario una fuente gubernamental. Tampoco ha habido un consenso interno en el PSOE para impulsarla. Y siempre ha habido pánico a la órbita de radicalidad en la que podía entrar la tramitación legal de esta iniciativa en manos de Podemos, Bildu y ERC. Abrir ese melón asusta al propio Sánchez.

“Sería demostrar que, efectivamente, hemos venido para cambiar el esquema constitucional. Y eso sería un grave error estratégico”, destaca una fuente socialista. Pese a ello, las conversaciones entre Moncloa y Zarzuela nunca han cesado. Los planteamientos de unos y otros no han dejado de cruzarse y de exponerse. “Pero sin acuerdo pleno no vamos a forzar ninguna imposición”, destacan desde Moncloa a OKDIARIO. Resultado: norma enviada al congelador, al menos, temporalmente.
A partir de ahora, tendrá que ser Podemos quien diga si acepta este frenazo en la norma que pretendían utilizar para desestabilizar, aún más, el esquema constitucional actual.