Sánchez ha inyectado a la ONU 522 millones más de los que le toca aportar a España por su peso en el organismo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inyectado entre 2.200 y 2.600 millones de euros desde el año 2019 a la ONU. Una parte de esa cantidad responde a las cuotas fijas que está obligada a pagar España, de acuerdo con su peso en la economía mundial y otros parámetros tasados, por ser miembro de este organismo. Pero el presidente ha utilizado las aportaciones adicionales, de forma discrecional, año tras año, hasta sumar 522 millones más de lo que estaba establecido que debía pagar nuestro país. Esa política, volcada hacia la ONU, sus agencias y sus proyectos y actuaciones puntuales, ha sido la palanca con la que España ha logrado colocarse en el Grupo de Ginebra, donde se sientan los países que más aportan y más deciden.

De acuerdo con los datos recopilados en distintos ministerios del Ejecutivo, implicados en el reparto y la dotación de fondos y aportaciones adicionales a Naciones Unidas, desde 2019 hasta este año, en el que se ha contabilizado hasta inicios del verano, las aportaciones discrecionales se han incrementado un 350% con respecto a las que se realizaban anualmente durante los años de gobierno de Mariano Rajoy.

Estas aportaciones discrecionales no se han hecho porque España no contribuyese poco hasta entonces, porque nuestro puesto en el ránking de contribuyentes, de acuerdo con nuestra posición y nivel económico, es el número 13 y, en estos años, con Sánchez al frente del Ejecutivo, debería oscilar entre los 1.700 y los 2.000 millones de euros, pero con esas aportaciones adicionales han escalado hasta cifras cercanas a los 2.600 millones.

Es en estas contribuciones discrecionales donde el Ejecutivo tiene margen para incrementar sensiblemente su aportación económica en el «universo ONU», puesto que las cuotas por membresía, por contribución a misiones de paz y cooperación están tasadas y sujetas al propio desarrollo económico de cada país y su PIB.

Ministros aspirantes

Los últimos programas a los que se ha adherido España, con el correspondiente desembolso económico, son proyectos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la inclusión sociolaboral del colectivo LGTBI, los derechos de los pueblos indígenas o la resiliencia y ayuda a Palestina. En estos programas, el Ministerio de Trabajo ha invertido 2,3 millones de euros.

Precisamente, la titular del ministerio, la vicepresidenta Yolanda Díaz, está en plena campaña y aspira a dirigir la OIT, tras las elecciones que se celebrarán el próximo 16 de noviembre. Es común ver en su agenda cómo encadena reuniones con miembros de la organización y embajadores de países con voz y voto en esta carrera electoral.

España también ha aportado de sus arcas públicas y de forma extraordinaria, sólo en los meses de verano, a proyectos de la FAO, relativos al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), así como a la iniciativa de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). En este caso, las aportaciones superan los 355.000 euros y salen del presupuesto del Ministerio de Agricultura, al frente del cual está el ministro Luis Planas.

Planas también aspira a convertirse en el futuro director general de la FAO, en sustitución del chino Qu Dongyu y, al igual que la vicepresidenta Yolanda Díaz, está en una maratón de reuniones y encuentros con embajadores y representantes con capacidad de voto en esta organización.

Pero sin duda la agencia de la ONU que se lleva el premio gordo en materia de aportaciones extraordinarias es la Organización Mundial de la Salud (OMS), con más de 100 millones de euros extraordinarios en lo que va de 2026. Algunos de los programas a los que han ido a parar esas grandes aportaciones son el Fondo Global contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria o la Alianza Europa-América Latina para la Atención Primaria, un proyecto liderado por España, con la ministra de Sanidad, Mónica García, al frente.

La titular de Sanidad ya forma parte del Consejo Ejecutivo de la OMS en representación de Europa. De hecho, ella ya hizo su campaña electoral y resultó elegida para el puesto que ocupará hasta 2028. Y su incorporación al cargo ha supuesto una inyección económica importante para la OMS por parte del Gobierno español.