Sánchez culpa al juez del Supremo y al CNI de intervenir las comunicaciones de los golpistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado al juez del Supremo y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de intervenir las comunicaciones de los golpistas. Así se ha expresado en una comparecencia forzada por sus socios independentistas en el Congreso de los Diputados para que explicar si ordenó lo que califican de «espionaje» pese a que los servicios secretos españoles actuaron respecto a 18 separatistas con una autorización judicial previa. Así trascendió de la comparecencia de Paz Esteban, ex directora del CNI, en la última Comisión de Gastos Reservados. Esteban fue destituida días después por Sánchez entregando su cabeza a los secesionistas.

Sánchez, lavándose las manos en toda esta polémica y volviéndose a presentar como víctima del hackeo a su móvil, ha señalado en el Pleno de la Cámara baja que el Gobierno «no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI» para sostener así que, según su versión, desconocía el «espionaje» que denuncian líderes independentistas.

Durante dicha comparecencia para dar cuenta de las intervenciones telefónicas del Centro Nacional de Inteligencia tras estallar el caso Pegasus, Sánchez ha afirmado, no obstante, que los servicios secretos las llevaron a cabo tras la crisis que supusieron, entre los años 2015 y 2020, el procés, la declaración de independencia y los sabotajes como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas. «La crisis supuso una enorme preocupación para la seguridad nacional, de ahí que los servicios propusieran la intervención y el juez la aceptara», ha admitido el jefe del Ejecutivo al mismo tiempo.

Sin embargo, ha insistido en que «el Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones operativas del CNI». Añadiendo que esto pudo ocurrir con otro gobierno, pero «jamás», ha recalcado, con el suyo. «Les garantizo que no pasará», ha remarcado Pedro Sánchez, incidiendo con tal de contentar a sus socios separatistas en que ello supone la esencia de la democracia y también la limitación del poder Ejecutivo y del «sometimiento a la más estricta legalidad».

Autorización

El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2002 señala que el director del CNI está obligado a solicitar al magistrado del Tribunal Supremo la autorización para realizar un CIR (Control Integral de Relaciones) en domicilios o interceptar las comunicaciones. Los agentes están obligados a especificar en sus escritos los fines que motivan sus intervenciones y las razones que aconsejan las medidas solicitadas. Así mismo, deben identificar a las personas identificadas y el lugar donde van a colocar micrófonos o registrar. El jefe del Gobierno dice ahora desconocer todo ello.

El magistrado titular del Supremo que controlaba al CNI cuando en 2019 se activó el programa Pegasus era Pablo Lucas, miembro de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y un profesional muy próximo a la ex vicepresidenta Carmen Calvo, tal y como ha publicado OKDIARIO. Lucas desempeñaba el cargo desde que lo eligió el Consejo General del Poder Judicial en 2009. Su mandato ha sido prorrogado hasta 2024.