Sánchez condena a Madrid en su plan contra la 2º ola: se castigará su gran movilidad

El Gobierno ha tardado en reaccionar dos meses a los contagios disparados. Y ahora lo hace con un nuevo plan de respuesta frente a la pandemia que establece cuatro niveles de alerta, en función de una serie de indicadores, y que impone exigentes condiciones para suavizar las medidas. En la práctica, la Comunidad de Madrid queda condenada a severas restricciones.

El documento, ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19’, al que ha tenido acceso OKDIARIO, admite no obstante una interpretación libre, ya que los datos por sí mismos no determinarán todas las restricciones. También se tendrán en cuenta factores como la movilidad o las características de la población. 

Esto significa que, de nuevo, como ocurrió en el estado de alarma impuesto en Madrid, el Gobierno abre la puerta a que las medidas sean aplicadas al margen de la realidad de los datos. Cabe recordar que los contagios en la región madrileña estaban en retroceso cuando Sánchez firmó el ‘decretazo’ para confinarla.

Así, el plan establece cuatro niveles de alerta, en función del riesgo -de «bajo» a «extremo»- y con unas medidas proporcionales al nivel de transmisión en cada comunidad autónoma. Esos indicadores de riesgo se dividen en dos bloques y en cinco niveles de gravedad: el primero incluye la incidencia acumulada en 14 días, la incidencia acumulada en 7 días, la incidencia acumulada de mayores de 65 años en 14 días, la positividad global de las pruebas diagnósticas por semana y el porcentaje de casos con trazabilidad; el segundo, la ocupación de camas de hospitalización por Cocid-19 y la ocupación de camas UCI por casos de coronavirus.

Al margen de los datos

Sin embargo, Sanidad admite que «siempre se hará una valoración individualizada de la situación de la comunidad autónoma y se tendrán en cuenta otros posibles indicadores, incluidos los cualitativos».

El Ejecutivo, según este plan, realizará con las regiones «un seguimiento diario de la evolución de la pandemia y de las capacidades para la respuesta», aunque promete que serán las comunidades las que tomen «la decisión sobre qué medidas y cuándo aplicarlas», que deberán ponerse «en conocimiento» del Ministerio.

De nuevo «en coordinación» con el Gobierno «se revisará de manera periódica la situación epidemiológica para valorar mantener o modificar el nivel de alerta y las medidas aplicadas». El Ministerio «podrá proponer recomendaciones en cada una de las comunidades autónomas, en colaboración con éstas, y en territorios concretos» y «estas medidas podrán ser revisadas y modificadas».

250 casos

Según el plan de Sanidad, una comunidad estaría en riesgo «extremo» con una incidencia de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata, de nuevo, de un umbral establecido ad hoc por el Gobierno. Desde el Ejecutivo se han ido modificando estos límites a conveniencia: el estado de alarma se aplicó con una incidencia superior a 500 casos, pero el ministro Illa aseveró esta misma semana que la Comunidad de Madrid debería bajar de los 200 casos para que se levantase o «idealmente» de los 100. Un argumento sin base científica.

En este contexto, las autonomías más golpeadas -nivel 4 de alerta- deberían adoptar medidas drásticas «que podrán incluir la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento». «Medidas excepcionales», se dice, que se tomarán tras una evaluación específica de la situación.

Entre otras, los establecimientos de restauración deberán tener las terrazas al aire libre con sólo la mitad de mesas y una distancia de al menos dos metros entre las sillas de diferentes mesas. Además, una «ocupación máxima de seis personas por mesa o agrupación de mesas» y, sobre todo, «interior cerrado». Las reuniones sociales se limitarían a seis personas; las ceremonias nupciales sólo podrán reunir a diez personas en espacios cerrados y quince en abiertos, quedando prohibida la celebración de banquetes y cócteles. El aforo en transporte quedará limitado al 30%. Asimismo, se «valorará» la limitación de entradas y salidas del área territorial, salvo para actividades esenciales.