Sánchez agilizará los permisos de trabajo de los inmigrantes

El Gobierno quiere agilizar las autorizaciones laborales a los inmigrantes, así como mejorar y simplificar los procedimientos para el acceso al mercado de trabajo.

Se trata de una de las principales líneas de actuación del Ejecutivo en materia migratoria, que incluye, además, «agilizar los procedimientos de asilo» o «mejorar los sistemas de acogida y de atención humanitaria» o «dotar de mayor eficacia a la política de retorno».

El Ejecutivo, en respuesta por escrito en el Senado fechada el 18 de octubre, revela su voluntad por fomentar la política de integración de los inmigrantes e influir en Europa para «adoptar una política migratoria que conciba los movimientos de personas como una oportunidad de progreso».

En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez sitúa «la gestión ordenada de flujos migratorios como eje principal, junto con la integración, de la política migratoria del Estado».

En su comparecencia en el Congreso, el pasado mes de julio, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya avanzó su intención de impulsar la comisión laboral tripartita de inmigración, el foro con los agentes sociales para promover medidas de integración en el mercado de trabajo.

Situación nacional de empleo

Los requisitos que actualmente marca la legislación de inmigración para lograr la autorización de residencia temporal y trabajo obligan a valorar la situación nacional de empleo, de forma que «permita la contratación del trabajador extranjero». Además, el empleador debe presentar un contrato de trabajo firmado por ambas partes que garantice al trabajador una actividad continuada durante el período de vigencia de la autorización, y con condiciones ajustadas a la normativa vigente. El Gobierno pretende revisar los procedimientos para las autorizaciones de empleo, que ya cuentan con una regulación extensa.

La condición de analizar la situación nacional de empleo no es ya aplicable en varios supuestos: cuando se trata de familiares reagrupados, cuando son «trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos», refugiados, apátridas, aquellos que tengan ascendientes o descendientes de nacionalidad española o las víctimas de violencia de género, entre otros. También se excluyen los trabajos de temporada o los profesionales de confianza, directivos y altamente cualificados, además de artistas de reconocido prestigio o nacionales de países con los que existe convenio, como Chile y Perú.

Profesiones de difícil cobertura

La ley establece que se considerará que la situación nacional de empleo permite la contratación cuando la ocupación a desempeñar por el extranjero esté calificada como de difícil cobertura o cuando el empleador acredite la dificultad de cubrir los puestos de trabajo vacantes con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno a través del certificado emitido por el Servicio de Empleo competente.

La medida forma parte del plan del Gobierno con la inmigración, que incluye otras medidas, como reducir el tiempo general de residencia exigido, diez años, para que los migrantes puedan lograr la nacionalidad española.

En la actualidad, la legislación establece distintos plazos para obtener la nacionalidad española por la vía de la residencia. En el contexto general, se establece como requisito que ésta sea de diez años de manera “continuada e inmediatamente anterior a la petición”. Existen otros casos en los que ese tiempo se reduce. Por ejemplo, cinco años para quienes tengan la condición de refugiados o dos, para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí.

Los socialistas consideran que ese tiempo es “excesivo en derecho comparado y exorbitante para determinadas realidades sociales”. “La reforma incluirá, asimismo, un procedimiento objetivado que haga imposible la valoración arbitraria de los requisitos sustantivos”, se puede leer en el plan sobre política migratoria.

Además, el Gobierno estudia una revisión de los requisitos para que los  inmigrantes con residencia en España accedan finalmente a la nacionalidad española. Entre ellas, suprimir en algunos casos, y rebajar considerablemente en otros, la necesidad de los exámenes de lengua y de conocimientos constitucionales y socioculturales del país, actualmente, un requisito indispensable en este trámite.

La intención del Ejecutivo es que los inmigrantes de segunda generación ven relajadas las condiciones para acceder a la nacionalidad española, eliminando en su caso el examen de acceso al considerarlos ya perfectamente integrados en España.

Sánchez quiere también reducir los tiempos para la obtención de la nacionalidad, a un máximo de tres meses. En la actualidad, según Real Decreto de 2015, ese plazo puede llegar a un año.