Sánchez acelera la mordaza a la prensa: prepara la ley para «reparar» el «honor» de sus imputados
El Gobierno justifica la ley para hacer frente a "difamaciones injustas"


El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que «en las próximas semanas» reformará la ley de protección del «derecho al honor» con la que pretenden favorecer a los miembros del entorno del líder socialista imputados en casos investigados por la Justicia. Éste es un paso más en la puesta en marcha del autodenominado Plan de Acción por la Democracia, conocida como ley mordaza contra los medios críticos. El anuncio coincide con la decisión de una juez de Badajoz de sentar en el banquillo a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Y también en plena investigación a Begoña Gómez, imputada por cuatro delitos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comunicado esta medida este miércoles, justificando la reforma para hacer frente a «difamaciones injustas».
Concretamente, ha detallado que «en las próximas semanas» el Gobierno aprobará un anteproyecto de reforma de la ley de protección del derecho al honor «para que las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa». «Buenas noticias para los demócratas, malas noticias para los acosadores y los difamadores, lo siento PP y Vox», ha espetado el titular de Justicia.
Bolaños ya había anunciado en febrero, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que «en próximas fechas» se aprobaría en primera vuelta esta normativa. El Gobierno ha acelerado sus planes mientras arrecian las causas por corrupción en el entorno personal y político del presidente del Gobierno.
«Reparación pública»
Como publicó OKDIARIO, el cambio normativo incluirá una «reparación pública» ante procesos judiciales que no acaben en la apertura del juicio oral y se considere que puedan suponer un desprestigio para el afectado, lo que se conoce popularmente como pena del telediario.
La intención de esta reforma es proteger el derecho al honor en el caso de las instrucciones judiciales «interminables» que generan titulares que desprestigian al afectado, pero no llegan a juicio oral. El Gobierno sostiene que algunas causas no se basan en «ningún tipo de prueba» y tienen un «claro efecto político» para «desprestigiar» a líderes «políticos, sociales y sindicales».
La reforma busca defender el honor de las personas del entorno del presidente que tienen que afrontan diferentes procesos judiciales como Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez; el hermano del presidente del Gobierno, y Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.
Sin embargo, se desconoce el alcance de estas medidas. Entre otras cosas, qué situaciones pueden englobar las «instrucciones judiciales interminables». Tampoco los titulares pueden afectar al «honor» de la persona aludida.
Avances en la ley mordaza
El anuncio del Ejecutivo socialista ha llegado después de que el diputado de Bildu Jon Iñarritu haya preguntado este miércoles a Bolaños sobre el estado en el que se encontraba la aprobación del Plan de Acción por la Democracia. El presidente lo anunció en abril de 2024 tras tomarse cinco días de reflexión para meditar sobre su continuidad al frente del Gobierno, pero no se han producido grandes avances desde entonces, en opinión de Iñarritu.
El representante del partido del etarra convicto Arnaldo Otegi ha manifestado que «las campañas de desprestigio, la persecución judicial y política contra disidentes políticos, no es algo nuevo en España». Según Iñarritu, actualmente se está viviendo un «momento álgido de persecución». A ojos del diputado de la izquierda abertzale, es «paradigmático» que la «principal víctima» de las campañas sea el Gobierno, contra el que creen que hay una «clara intención de derrocarlo».
Según Bolaños, la mitad de las medidas de ese plan anunciadas en septiembre ya están «aprobadas o en tramitación». «El trabajo que está haciendo el Gobierno para conseguir que la democracia sea más limpia se está avanzando a un ritmo más que razonable», ha defendido el político socialista.