Ribó ofrece un espacio al grafitero del que borraron una pintada criticando la sentencia de Alsasua

El Ayuntamiento de Valencia que dirige Joan Ribó, ha ofrecido un espacio en blanco a Elías Taño para que haga una nueva pintada en la ciudad, después de que una de las concesionarias de limpieza haya borrado la que realizó en el barrio del Carmen sin consulta previa. Esta pintura criticaba la condena del ‘caso Alsasua’, de entre dos y 13 años de cárcel a los ocho proetarras condenados por la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra.

Según han informado fuentes de la Concejalía de Gestión de Residuos Urbanos, la empresa será sancionada con unos 300 euros por tomar la decisión de borrar la pintada «de forma unilateral». La multa se ha acordado por no consultar el borrado con el Ayuntamiento y «con absoluta independencia del contenido». «Pueden haber algunos murales que nos gusten y otros nada», subrayan desde el departamento que dirige Pilar Soriano.

La Concejalía tuvo conocimiento el pasado lunes, 11 de junio, por un mensaje crítico en Twitter, con fotografías y un vídeo del trabajador de la empresa pintando encima del mural. Al día siguiente, la concesionaria explicó al departamento que acordaron borrar el mural al recibir el aviso de un vecino de que la pintada tenía «alusiones a ETA», por lo que, para el departamento, «en ningún caso justificó la actuación unilateral que habían tenido».

La empresa ha infringido así el protocolo establecido con la actual corporación de no borrar murales con un mínimo contenido artístico. «Da lo mismo que sea la sentencia de Alsasua; no tiene absolutamente nada que ver con el contenido», insisten desde Gestión de Residuos.

Como ejemplo, recuerdan que hace unos meses se produjo un caso similar en el barrio de Benimaclet, donde una asociación pintó un mural en el suelo, en una zona peatonal, y al día siguiente recibió quejas de que fuera borrado «también unilateralmente».

Tras conocer la versión de la concesionaria, la Concejalía ha iniciado los trámites para imponer la sanción, que podría rondar los 300 euros en base al pliego de condiciones firmado en su momento. También ha respondido al vecino que escribió el tuit para explicarle la situación.

En cuanto al grafitero, el ayuntamiento de ha disculpado con él por el borrado y le han dado los detalles del conflicto, además de ofrecerle un espacio en blanco de Valencia para que estampe una nueva creación. De momento, en el consistorio están a la espera de su respuesta, según las mismas fuentes.

El PP se opone

Desde la oposición, el presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría, ha advertido al alcalde, Joan Ribó, que «tiene que decidir si está con los demócratas o al lado de los violentos», tras denunciar la multa a la empresa de limpieza al relacionarlo con la crítica a la sentencia de Alsasua.

En un comunicado, el ‘popular’ ha lamentado que «con esta decisión, Ribó ampare murales que defienden a los violentos». «No se puede vivir con esa ambigüedad desde un puesto de tanta relevancia como el que ocupa», ha subrayado.

Y ha enfatizado: «Los demócratas tenemos convicciones fuertes en base a la tolerancia y el respeto a la legalidad, y Ribó debe elegir si está en esa línea o amparando a quienes, desde cualquier ámbito, dan abrigo a las actuaciones de los violentos».

Para Santamaría, «lo grave es que el Ayuntamiento haya decidido penalizar esa actuación de la empresa amparándose en el protocolo que tienen firmado con ella» y, por contra, «no hayan denunciado el contenido de ese mural». A su juicio, «es claramente atentatorio contra los valores de la democracia, basados en la independencia judicial, entre otros pilares».

También ha destacado el hecho de brindar al autor un muro en otra zona, para que, en su opinión, «pueda resultar resarcido». Ha criticado así que el consistorio «no haya realizado ni una mínima reflexión sobre el hecho de la indignación que esta obra ha provocado entre vecinos de la ciudad».

Por todo ello, Santamaría ha reiterado que el Gobierno local, «con Joan Ribó a la cabeza, debe analizar estas cuestiones». «El camino que se ha marcado puede dificultar la convivencia en la ciudad», ha advertido, y ha reivindicado que «las instituciones deben velar por el cumplimiento de la legalidad, la defensa de la libertad y condenar expresamente actos violentos como los que sucedieron en Alsasua, que deben avergonzar a cualquiera que se considere demócrata».