Rajoy pidió a Montoro que diera marcha atrás con Llarena pero el ministro le desobedeció

Mariano Rajoy pidió a Cristóbal Montoro que rebajara su negación de la malversación y el ministro se reafirmó. La entrevista del titular de Hacienda negando el uso de fondos públicos por la Generalitat con destino al 1-O no sentó bien a mucha gente. Especialmente a la capa judicial.

Pero a quien tampoco le pareció lo más acertado fue al propio presidente del Gobierno, quien pidió a Montoro que rebajara su negación de la existencia de malversación pública y que aliviara la tensión con el juez Pablo Llarena. La respuesta de Montoro es por todos conocida: se ratificó en sus tesis y, de hecho, respondió al juez que trasladaría sus pruebas.

Las palabras de Montoro eran un golpe excesivo a muchas cosas: a la petición de traslado desde Alemania de Carles Puigdemont, a las investigaciones de la Guardia Civil, a la labor de la Justicia y al auto de procesamiento de Llarena, que apoya su procesamiento en una serie de delitos y, entre ellos, en el de malversación de caudales públicos. Y como elemento de crispación y descrédito evidente que eran, el presidente pidió al responsable de la cartera de Hacienda que diese marcha atrás, al menos en lo categórico de sus palabras.

Hoy sabemos que, pese a ello, el juez ha acabado reclamando la información oficial al ministro y que los procesados separatistas utilizan las palabras de Montoro como armamento de sus defensas. La situación no ha gustado a muchos ministros. Y tampoco al presidente.

Rajoy y los máximos dirigentes del PP saben que el principal motivo de trasvase de voto hacia Ciudadanos es precisamente la suavidad con la que se ha aplicado el 155 en Cataluña y la falta de contundencia frente al separatismo. Y “salir en estos momentos dando la sensación de que se  quiere exonerar a los separatistas de malversación, lo único que hace es contribuir a ese mensaje”, señala un alto cargo del PP.

Rajoy, además, es consciente de que las líneas de investigación del juez Llarena avanzan con pie firme. Y que la malversación de caudales públicos está siendo demostrada paso a paso, como parece, por otra parte, obvio. Sería imposible haber montado un referéndum, una hacienda, un servicio de embajadas, unas campañas de propaganda, etc. sin dinero público, como ya avala de forma contundente la policía judicial. Y, en medio de ello, el presidente del Gobierno sabe que la postura de Montoro no hace sino afianzar la brecha entre su partido y los votantes.

Las palabras de Montoro, además, han ido en ascenso. Cuando fue el juez de Instrucción Juan Antonio Ramírez Sunyer el que afirmó que había indicios serios de malversación y que podía haberse producido tanto con fondos de la Generalitat como del Estado destinados de forma maliciosa al 1-O, Montoro negó el uso de fondos del Estado.

Cuando fue la Fiscalía la que mantuvo la misma tesis, Montoro fue avanzando hacia la explicación de que no había ninguna prueba. Y cuando ya ha sido el auto de procesamiento del propio juez Llarena, el ministro ha concedido una entrevista para dejar claro que negaba el uso de fondos públicos. Un agravamiento de las declaraciones que, desde Presidencia y otros ministerios se ve delicado. Al menos, desde el punto de vista estratégico.