Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 36 días: rebaja la exigencia para obtener el Bachillerato

El 5 de abril de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto 243/2022, que regulaba el nuevo Bachillerato y permitía a los alumnos obtener el título con una asignatura suspensa. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación que dirigía Pilar Alegría, abrió una polémica sobre el nivel de exigencia académica y el papel del esfuerzo en el sistema educativo español.

La reforma desarrollaba la conocida como Ley Celaá, aprobada en 2020, y consolidaba una excepción que permitía terminar una etapa educativa no obligatoria sin haber superado todas las materias. Hasta la reforma, la regla general para obtener el título exigía aprobar todas las asignaturas de los dos cursos de Bachillerato.

El decreto estableció que los estudiantes podían conseguir el título de Bachillerato con una materia pendiente, siempre que el equipo docente considerase que habían alcanzado los objetivos y competencias de la etapa, no hubieran faltado injustificadamente a clase de manera continuada, se hubieran presentado a las pruebas de evaluación, incluida la extraordinaria, y tuvieran una nota media igual o superior a cinco, contando también la asignatura suspensa.

La norma no excluía expresamente asignaturas fundamentales como Lengua o Matemáticas. Por tanto, un estudiante podía obtener el título sin haber aprobado una de ellas, si cumplía los requisitos establecidos, y presentarse posteriormente a las pruebas de acceso a la universidad.

La decisión recibió críticas de organizaciones docentes. El sindicato CSIF advirtió el mismo día de su aprobación de que reducir los niveles de exigencia perjudicaría a la educación pública. La organización sostuvo que permitir la titulación con suspensos no solucionaría problemas como el abandono escolar, la falta de inversión o las diferencias educativas entre comunidades autónomas.

CSIF también denunció que este tipo de medidas podía servir para mejorar las estadísticas de titulación sin resolver las carencias de aprendizaje. Por su parte, ANPE rechazó la posibilidad de titular con suspensos incluso en los supuestos excepcionales y reclamó más profesores, menores ratios y programas de refuerzo para combatir el fracaso escolar.

Las críticas no se limitaron a la titulación. El Consejo de Estado, en su dictamen previo, también advirtió de la creciente complejidad y abstracción del nuevo currículo, que podía dificultar su aplicación por parte de los profesores.

El Ejecutivo defendió un modelo de evaluación más flexible, en el que el conjunto de los aprendizajes adquiridos pudiera justificar excepcionalmente la titulación. Sus detractores cuestionaron que esa flexibilidad fuese la respuesta adecuada a los problemas educativos.

La reforma dejó así una cuestión central en el debate educativo: si permitir el Bachillerato con una materia suspensa favorece las oportunidades de los alumnos o supone una rebaja de la exigencia académica.