Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 41 días: la polémica Ley Celaá por el castellano y la concertada

El Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante en diciembre de 2020 una de sus reformas educativas más controvertidas: la Ley Celaá, impulsada por la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá. La norma provocó un fuerte enfrentamiento con la oposición y numerosas organizaciones educativas por sus cambios en la enseñanza en castellano, la educación concertada, los centros de educación especial y los criterios de promoción de los alumnos.

Uno de los puntos más polémicos fue la eliminación de la referencia expresa al castellano como lengua vehicular de la enseñanza, una modificación que llegó después de un acuerdo parlamentario entre el PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El proyecto inicial del Gobierno mantenía esa consideración, recogida en la anterior legislación educativa del PP, pero los socialistas aceptaron su supresión durante la negociación con los independentistas.

ERC convirtió la retirada de esa referencia en una exigencia para respaldar la reforma. El partido independentista celebró el acuerdo como una garantía para preservar el modelo de inmersión lingüística catalán, mientras que PP, Vox y Ciudadanos denunciaron que Sánchez había cedido ante sus socios a costa del castellano. Aunque la ley mantuvo el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las lenguas cooficiales, eliminó su reconocimiento explícito como lengua vehicular.

La educación concertada fue otro de los grandes focos de conflicto. La reforma suprimió el concepto de «demanda social» como criterio expreso para planificar la oferta de plazas escolares, un elemento que permitía tener en cuenta las preferencias de las familias. El Ejecutivo priorizó la garantía de plazas públicas, una decisión que las asociaciones de la concertada denunciaron como un retroceso en la libertad de elección de centro.

Además, la Ley Celaá estableció que los colegios sostenidos con fondos públicos no podían separar a sus alumnos por sexo, lo que afectaba al acceso a conciertos educativos de los centros que aplicaban ese modelo. Estas escuelas podían continuar su actividad privada, pero sin acogerse a la financiación pública bajo esas condiciones.

La educación especial también provocó protestas. La norma fijó un plazo de diez años para que los colegios ordinarios contaran con recursos suficientes para atender al alumnado con discapacidad. Aunque no contemplaba el cierre de los centros especializados, numerosas familias expresaron su preocupación por el futuro de estos colegios y reclamaron garantías para mantener todas las opciones de escolarización.

La reforma también flexibilizó los criterios para pasar de curso con asignaturas suspendidas, dejando en manos de los equipos docentes la decisión de promoción en función de las competencias adquiridas y las posibilidades de recuperación. Asimismo, eliminó el peso de la nota de Religión en la media académica utilizada para determinados procedimientos.

El malestar se trasladó a las calles. La plataforma Más Plurales, integrada por asociaciones de familias, sindicatos y entidades educativas, convocó manifestaciones en más de 50 ciudades españolas. Miles de vehículos participaron en las protestas de la denominada marea naranja, que reclamaba cambios en la reforma y denunciaba sus consecuencias para la libertad de enseñanza.

Pese a las movilizaciones y al rechazo de los principales partidos de la oposición, el Gobierno mantuvo los aspectos más discutidos de la ley. El Senado la aprobó definitivamente el 23 de diciembre de 2020 con 142 votos a favor, 112 en contra y nueve abstenciones, después de rechazar las 644 enmiendas presentadas en la Cámara Alta.

El Ejecutivo defendió que la reforma buscaba reforzar la escuela pública, reducir la segregación y avanzar hacia un sistema más inclusivo. Posteriormente, en 2023, el Tribunal Constitucional avaló la ley frente a los recursos presentados contra ella. Sin embargo, su aprobación estuvo marcada por el enfrentamiento político, las movilizaciones de familias y docentes y el controvertido acuerdo con ERC sobre el castellano.