Por qué hay que botar a Pedro Sánchez, quedan 26 días: los pinganillos que el PSOE rechazó hasta que necesitó pactar con los independentistas

• Patricia Rodríguez @prodriguezg
• Directora adjunta en OKDIARIO.
• • 03/11/2026 11:25
  • Actualizado: 03/11/2026 11:25

El 19 de septiembre de 2023, el Congreso de los Diputados estrenó la traducción simultánea del catalán, el euskera y el gallego. Los parlamentarios comenzaron a utilizar pinganillos para seguir las intervenciones en las distintas lenguas cooficiales, una medida impulsada por el PSOE de Pedro Sánchez tras sus negociaciones con los partidos nacionalistas e independentistas.

La decisión estuvo rodeada de polémica, no sólo por su coste económico, sino también por el cambio de posición de los socialistas. Apenas quince meses antes, en junio de 2022, el PSOE había votado junto al PP, Vox y Ciudadanos contra una reforma que pretendía permitir exactamente lo mismo: utilizar las lenguas cooficiales en los debates parlamentarios mediante traducción simultánea. Sin embargo, tras las elecciones generales de julio de 2023, el partido cambió de criterio.

El giro coincidió con las negociaciones para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para mantener el control de la Mesa del Congreso y facilitar una eventual investidura de Sánchez. ERC y Junts habían situado el reconocimiento de las lenguas cooficiales entre sus exigencias. El 17 de agosto, ERC anunció un acuerdo con el PSOE para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara que incluía expresamente esta medida.

La reforma se empezó a aplicar incluso antes de su aprobación definitiva. Armengol permitió utilizar las lenguas cooficiales en el pleno del 19 de septiembre, cuando todavía no se había modificado el Reglamento. La reforma quedó aprobada dos días después, el 21 de septiembre, con 180 votos a favor y 170 en contra.

El estreno estuvo marcado por las protestas. Los diputados de Vox abandonaron el hemiciclo y depositaron sus pinganillos en el escaño vacío de Pedro Sánchez. El PP, por su parte, denunció que la decisión respondía a las exigencias políticas de los socios independentistas.

La implantación también tuvo consecuencias económicas. El Congreso reservó un máximo de 279.849 euros para financiar el sistema hasta finales de 2023, incluyendo equipos técnicos, intérpretes y servicios de traducción. De esa cantidad, unos 53.500 euros correspondían a la adquisición y alquiler inicial de material.

El Gobierno defendió la reforma como un reconocimiento de la pluralidad lingüística de España. La oposición cuestionó que una modificación de estas características, rechazada por el propio PSOE en 2022, se aprobara precisamente cuando los socialistas necesitaban los votos de ERC y Junts.

El cambio quedó reflejado en las votaciones: lo que el PSOE rechazó durante la legislatura anterior terminó convirtiéndose en una de las primeras medidas de la nueva mayoría parlamentaria.