El PSOE vota en Extremadura en contra de «exigir al Gobierno el respeto a las víctimas» de ETA

El PSOE no quiere dar motivos de queja a Bildu en unos momentos en los que los apoyos políticos de Pedro Sánchez no son excesivos. La prueba ha quedado en evidencia en Extremadura. El PP ha llevado allí una propuesta de impulso a la Asamblea autonómica exigiendo un posicionamiento de esa Cámara legislativa y del Gobierno en favor del “respeto a la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo, que deben siempre imperar en un Estado de Derecho como bienes superiores a proteger por encima de cualquier otro interés particular o partidista”. El PSOE ha votado en contra y ni siquiera ha pretendido negociar un cambio del texto para eliminar la parte crítica con el Gobierno.

El texto trasladado por los populares al Parlamento extremeño señalaba que “la Presidencia del Gobierno que ostenta Sánchez está costando a nuestro país, a nuestras instituciones, a nuestro Estado de Derecho y a todos los ciudadanos un alto precio”. El documento añade que “tan sólo unas semanas después de que EH Bildu se abstuviera en la moción de censura, Sánchez anunciaba un cambio radical en la política penitenciaria referente a los presos de ETA. Así, lo resumía en tres acciones: (1) acercamiento de algunos presos a cárceles próximas al País Vasco (fin a la política de dispersión); (2) flexibilización de las condiciones para que los internos puedan mejorar de grado y obtener beneficios penitenciarios; (3) excarcelación de los reclusos enfermos”.

El PP añade que “si con alguien ha cumplido Sánchez es, además de con el independentismo catalán, con los herederos políticos de ETA; y, por ende, los etarras han obtenido beneficios impensables en una sociedad que mantenía mayoritariamente un consenso frente a quienes han causado tanto dolor y sangre a nuestro país”.

El texto de la bancada azul señala que “desde que Sánchez llegara a La Moncloa se han producido 240 traslados, de los cuales 63 han sido a cárceles del País Vasco o Navarra (13 por tercer grado, 7 por enfermedad y 43 por razones exclusivamente políticas). De todos esos traslados, 100 pertenecen a 92 presos con delitos de sangre (concretamente con 290 víctimas y 210 atentados a sus espaldas). Asimismo, 22 etarras han obtenido el tercer grado (6 de ellos con delitos de sangre), y 6 han obtenido la libertad condicional. Las víctimas están siendo constantemente insultadas, ninguneadas y silenciadas, habiendo sido vendidas a cambio de unos cuantos votos para permanecer en el poder”

Por todo ello, el PP señala que sigue “manteniendo que EH Bildu no puede ser tratado como un interlocutor político más hasta que no condenen la violencia de ETA y admitan que no tuvo ninguna justificación. No se puede permitir que en ese mismo Congreso en el que se organiza el homenaje a las víctimas y en el que ellos presumen de ser decisivos, expongan día sí y día también un relato falso y tergiversado de lo que ha sucedido en este país”.

Por todo ello, el PP exigía que la Asamblea de Extremadura instara a la Junta de Extremadura, en manos del socialista Fernández Vara, a “mostrar su apoyo a las víctimas del terrorismo que sienten el desprecio del Gobierno de España ante su complicidad y connivencia con el entorno terrorista y los presos de ETA, llevando a cabo así acciones más contundentes que rendirles un homenaje anual en la Asamblea de Extremadura”. Y, además, “exigir al Gobierno de España el respeto a la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo, que deben siempre imperar en un Estado de Derecho como bienes superiores a proteger por encima de cualquier otro interés particular o partidista”.

El PP también pedía “trasladar al Gobierno de España la repulsa de la Asamblea de Extremadura a los beneficios penitenciarios, acercamientos y excarcelaciones con las que se está agasajando a los presos etarras, por suponer un insulto a las víctimas del terrorismo, algunas de ellas extremeñas”; “apoyar públicamente el manifiesto de la AVT, como mejor forma de dar cumplimiento al espíritu con el que por unanimidad aprobamos la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura”; y “trasladar al Gobierno de España y a las Cortes Generales la adhesión de la Asamblea de Extremadura al manifiesto de la AVT”.
Y la respuesta del PSOE ha sido el voto en contra sin intentar renegociar la parte crítica con el Gobierno.