El PSOE rechaza una moción del PP para defender a los jueces en Cataluña porque «exagera»

El Partido Socialista ha rechazado una moción del Partido Popular para reconocer la labor de jueces, fiscales, letrados y demás personal de la administración de Justicia «que están ejerciendo su labor en condiciones hostiles» debido a «la tensión provocada por el desafío soberanista catalán». Los populares pedían además que se les dotase de ayudas económicas dadas las especiales condiciones en las que desempeñan su trabajo.

Todos esos argumentos fueron rechazados por los socialistas que, en el debate, llegaron a desacreditar la situación descrita por el PP. «Sin vergüenza alguna, cuando ya mayoritariamente la sociedad catalana les ha dado la espalda, vienen aquí presentando una realidad que no existe, exagerando, distorsionando y enfrentando», espetó en la Comisión de Justicia el senador del PSC Santiago Castellà.

El socialista, cuyo partido negocia las cesiones con el separatismo a cambio de mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa, se jactó incluso de representar a «la voz real de la mayoría de catalanes que defiende los principios de derecho» y acusó al PP de ser «la otra cara de la moneda del nacional independentismo radical».

En la defensa de la moción, el senador popular y magistrado Fernando de Rosa alertó de que «la falta de libertad vinculada a la radicalización de las ideologías excluyentes y radicales siempre provoca actuaciones de acoso y derribo al Poder Judicial».

Así ocurrió, recordó, en el País Vasco, donde «se acabó produciendo una casi paralización del Poder Judicial». «Esta situación se está repitiendo en Cataluña, donde la ideología radical acosa y persigue a todos los que no piensan como ellos, incidiendo fundamentalmente en jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de esta, a los que los grupos radicales responsabilizan del fracaso del golpe de Estado», argumentó el senador.

Las cifras retratan el evidente problema para la administración de Justicia en Cataluña: en el último concurso de jueces, como describió De Rosa, ninguno quiso optar por la comunidad. «En 2018 se fueron 48 jueces; en 2019 se marcharon 40; en 2020, 37 y en lo que llevamos del año 2021 se han ido 61».

Un escenario que es consecuencia de los ataques por parte del separatismo. Así, relató el senador, el instructor del sumario del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, «sufrió episodios de escarnio público cuando tuvo que abandonar un restaurante en Gerona debido a los gritos de un grupo de independentistas y su familia tuvo que ser sacada del domicilio familiar, de urgencia y de madrugada, por el riesgo de peligro para su vida, según el informe de los Mossos d’Esquadra».

«Otra actuación radical de los llamados Comités de Defensa de la República fue buscar las direcciones personales de los jueces y fiscales destinados en Cataluña para organizar escraches en sus domicilios», recordó. El magistrado avisó de que «esta violencia está provocando una total desertización de la Administración de Justicia en Cataluña».