El PSOE mete como candidata al Congreso por Valencia a una alcaldesa condenada por conducir borracha

El Partido Socialista ha metido como número 7 para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados a una condenada por conducir borracha. Concretamente triplicando la tasa de alcoholemia permitida, lo que es considerado un delito penal, lo que propició su detención. Se trata de Ana María González, que a su vez es alcaldesa de Llaurí (Valencia) y que forma parte de la candidatura liderada por la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant.

A González, el PSOE le deja optar a ser diputada en las Cortes mientras critica que el presidenciable del PP en Vox en la Comunidad Valenciana Carlos Flores haya participado en la negociación de la coalición con el PP pese a estar condenado por vejaciones a su ex esposa. Precisamente, las listas de la provincia de Valencia han provocado una profunda división en el PSPV y un enorme enfado de Ximo Puig con la dirección federal del partido.

Los hechos imputables a González se produjeron el sábado 24 de abril de 2021, minutos después del cierre de los locales de copas, cuando circulaba por la Marina de Valencia. Había estado cenando y tomando unas copas con varios amigos en un restaurante de la zona esa misma noche.

La alcaldesa, al volante de un Toyota C-HR, conducía «afectada por la ingestión precedente de bebidas alcohólicas, con la consiguiente merma de reflejos y pérdida de atención en la conducción», según se recoge en el atestado policial elaborado por la Policía Local que la arrestó. Los agentes afirmaron que tenía evidentes signos de ir bebida, «como pupilas dilatadas, rostro congestionado y fuerte aliento a alcohol».

La socialista, en la prueba rápida que le realizaron los agentes cuando le dieron el alto, marcó una cifra de 0,81 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en la primera prueba realizada. En la posterior, al cabo de unos minutos, 0,78. Una cifra tres veces superior a la permitida y que reduce considerablemente los reflejos al volante. Lo que pone en riesgo al resto de conductores y viandantes, al tratarse de una zona urbana. Este tipo de delito puede suponer incluso la pena de cárcel.

La candidata del PSOE a las próximas elecciones del 23 de julio, en un juicio rápido que se celebró horas después de su detención, reconoció los hechos que se le imputaban y aceptó una pena de 960 euros de multa y ocho meses de retirada del permiso de conducir. De esta forma, en un pacto con la Fiscalía, logró reducir la sanción de 1.440 euros de multa y un año de privación del derecho a conducir vehículos a motor que le solicitaba el Ministerio Público.