Prisiones expedienta a un funcionario por la presunción de credibilidad que Marlaska dio a los presos

Antes o después esto tenía que pasar. OKDIARIO reveló en su momento la orden a través de la que el Ministerio del Interior dotaba a toda la población reclusa del país de presunción de veracidad en cualquier disputa con el cuerpo de funcionario de prisiones. Carlos, un trabajador de la cárcel del Puerto de Santamaría, en Cádiz, se enfrenta a graves consecuencias por una sanción por una falta grave. Este periódico ha tenido acceso a los detalles del expediente sancionador y al historial del recluso que lo ha denunciado. La intermediación absolutamente parcial de la Oficina del Defensor del Pueblo le ha dado la razón a un interno permanentemente conflictivo frente a los argumentos de un funcionario con una trayectoria modélica en prisiones.

Todo esto arrancó el 25 de agosto de 2020 en el centro penitenciario de Puerto III. Aquel día Carlos, el funcionario de prisiones, era el jefe de departamento del módulo en el que cumplía condena Vicente O. R., un interno de 38 años, conflictivo y peligroso, lo que no es una valoración subjetiva, sino consecuencia, entre otras cosas, de que ahora mismo sea un recluso bajo el artículo 91.2, cuya definición es la siguiente: «Serán destinados a centros o módulos de régimen cerrado aquellos penados en primer grado que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes». Frente a este interno, Carlos, un funcionario con dilatada experiencia y un comportamiento más que ejemplar tanto con los compañeros como con los reclusos.

Aquel día, el trabajador carcelario, como jefe de departamento, dirigió la entrada y registro de la celda en la que se encontraba cumpliendo condena Vicente O. R. El cacheo estaba perfectamente motivado desde dos puntos de vista. Primero la rutina de realizar registros aleatorios y sin previo aviso para detectar todo tipo de sustancias y objetos prohibidos. En segundo lugar, este recluso en concreto tenía una ficha a la que había que prestar especial atención.

Preso de «peligrosidad alta»

Vicente O. R. es calificado en su ficha de incidentes regimentales como un preso «de peligrosidad alta», al que se le han intervenido material prohibido, que ha proferido insultos y amenazas a funcionarios, a los que también ha coaccionado, agredido y lesionado. Entrando en detalle, el 30 de enero de 2012, durante un cacheo, a este preso se le intervinieron un pendrive, pinchos de fabricación artesanal, un móvil, tabaco y tarjetas para hacer llamadas telefónicas. Pero lejos de ser sólo portador de estos objetos, Vicente también se ha prestado para recoger objetos prohibidos introducidos por familiares de otros presos y entregarlos, como se refleja en su historial que sucedió en septiembre de 2009.

El mencionado 25 de agosto del año pasado, el día que coordinó Carlos el registro, a Vicente le encontraron una bolsa de rebujo, un polvo blanco básicamente compuesto de heroína y memorias de almacenamiento digital. Vicente fue trasladado fuera de la celda por cuestión de espacio y de seguridad y el registro se llevó a cabo con todas las garantías mientras se le informaba de cómo se iba desarrollando. El interno, que estaba en la ducha al comenzar el cacheo, pidió no ponerse más prenda que una toalla y así asistió al trabajo de los funcionarios.

Vicente denunció los hechos al Defensor del Pueblo, quién contactó con Instituciones Penitenciarias. La institución defensora revisó un vídeo sin audio en el que se veía a Vicente de pie, descalzo y en toalla, asistiendo al cacheo. ¿Conclusión? Según el Defensor del Pueblo al interno se le dio un trato degradante. ¿Consecuencia? Expediente por falta grave para Carlos, el funcionario modélico cuya versión de los hechos ya salía en desventaja tras la norma de Interior: en caso de duda prevalece la versión del preso. Una sanción grave acarrea suspensión de empleo y sueldo durante largos periodos de tiempo que puede llegar a durar varios años según el caso.

La propuesta de Sanción contra Carlos el funcionario ha desatado una oleada de solidaridad desde su propia cárcel hasta otras del resto de la geografía española en un intento de aplicar el sentido común a una situación desquiciada. Un interno tiene todo el derecho del mundo a ser escuchado y correctamente defendido ante una presunta negligencia, pero dar por buena su versión de los hechos por decreto es injusto y erróneo. Basta con fijarse en la trayectoria inmediatamente posterior de Vicente O. R. después de este incidente.

A los pocos días disfrutó de un permiso del que volvió a la cárcel con droga. En marzo de 2021 su celda fue cacheada dos veces: la primera vez volvió a amenazar a los funcionarios con denunciarlos después de avisarles que “estas no son horas para molestar”. Les insultó, les amenazó y les coaccionó. Pero lo bueno llegó en el segundo registro de ese mismo mes, en el que a Vicente se le encontró en su celda tres pastillas de Viagra, heroína y 46 pequeños paquetes de tabaco para traficar en prisión. Pero el sancionado será Carlos, funcionario de mediana edad, con 20 años de servicio a su espalda y una hija en casa. Perfecto.

Está claro que este interno requiere especial atención y cacheos frecuentes, pero mientras él diga que se le trata de manera degradante, sin aportar ninguna prueba que lo respalde, la norma de Interior siempre le dará la razón a él antes que a un funcionario de prisiones.