PP y Cs prometen acabar con la esterilización forzosa de personas con discapacidad en España

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Albert Rivera y Pablo Casado. Foto. Europa Press

PP y Cs son los únicos partidos mayoritarios que se han comprometido en esta campaña para las elecciones generales del próximo domingo 28 de abril a reformar el Código Penal para acabar con la esterilización forzosa de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental incapacitadas judicialmente.

Ambas formaciones han incluido esta propuesta en sus programas electorales para acabar con la esterilización forzosa que afecta de forma mayoritaria a mujeres y niñas y que vulnera la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España hace más de una década.

Se trata de una reivindicación histórica del movimiento social de la discapacidad, representado por el CERMI, que, en numerosas ocasiones ha denunciado que la esterilización forzosa en España –1.000 personas en la última década– va en contra de los derechos humanos.

El artículo 156 del Código Penal permite la esterilización involuntaria: "No será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella haya sido autorizada por el Juez a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz".

La mencionada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU indica que las personas con discapacidad "tienen derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten" y, en concreto, su artículo 23.1 señala que deben tener derecho a "mantener su fertilidad, en igualdad de condiciones que los demás".

Este miércoles 24 de abril, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha pedido perdón por la esterilización forzosa, durante décadas, de más de 25.000 personas con discapacidad, enfermedad mental o enfermedades congénitas con el fin de evitar "japoneses inferiores".

A esta petición de disculpas se une la aprobación en Cámara de Consejeros (la cámara alta del Parlamento nipón) de una ley de compensación para las víctimas que contempla indemnizaciones para cada una de ellas de 3,2 millones de yenes (más de 25.500 euros).

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