700.000 euros al año

PP y C’s desmontarán las ‘casas gratis’ de los altos cargos de la Junta: 700.000 euros anuales

Junta de Andalucía.
Juan Marín (C's) y Juanma Moreno (PP).

Partido Popular y Ciudadanos están decididos a acometer una revisión completa de los privilegios de los que, hasta ahora, gozaban los altos cargos de la Junta de Andalucía. En ello se incluyen, según fuentes consultadas por OKDIARIO, el 'plus' que el Gobierno de Susana Díaz pagaba mensualmente a los directivos para costear el alquiler de sus viviendas. 

Esa prebenda, regulada por ley, supone un coste ingente para las arcas de la Junta de Andalucía. Según los datos recogidos por este periódico, en base a la información revelada por la consejería de Hacienda, solo durante el mes septiembre -último contabilizado- se llegaron a pagar más de 63.000 euros.

Entre los beneficiarios, 59, figura por ejemplo el propio vicepresidente de la Junta socialista, Manuel Jiménez Barrios; el consejero de Empleo, Javier Carnero; el de Fomento, Felipe López y el de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, además de un amplio etcétera de viceconsejeros, directores y secretarios generales. Las cuantías van desde los 300 a los 1.383 euros que cobraba el director del Centro andaluz de Arte Contemporáneo, Juan Antonio Álvarez Reyes.

Siendo consejera de Hacienda, la actual ministra María Jesús Montero consideró “justo” el ‘extra’ por vivienda

El presidente del Consejo andaluz de Relaciones Laborales, Ángel Javier Gallego; el consejero de Fomento y su viceconsejera, María Nieves Masegosa; el secretario general de Agricultura y Alimentación, Rafael Peral añadían a sus sueldos un ‘extra’ de 1.370 euros mensuales, la segunda aportación más elevada.

700.000 euros anuales de gasto

Fuentes consultadas explican que “se van a racionalizar las retribuciones” de los altos cargos, y que en ese reajuste, destacan, “cabe cualquier cosa”, como es el caso de estos privilegios. De acuerdo a los cálculos, el gasto anual supera ampliamente los 700.000 euros.

La Junta publica desde 2015, obligada por la Ley de Transparencia, el importe de ese añadido. Sin embargo, el derecho a percibir la indemnización se estableció ya en 2000 por el entonces presidente Manuel Chaves. Anteriormente, también se pagaban ciertos ‘pluses’, aunque mucho más limitados.

Siendo consejera de Hacienda, la actual ministra María Jesús Montero consideró “justo” que los altos cargos recibiesen ese dinero extra debido al “sobrecoste añadido por hacer su trabajo”. Montero veía necesario “compensar el gasto que ocasiona ostentar una representación institucional”.

El acuerdo programático firmado entre Partido Popular y Ciudadanos para gobernar Andalucía recoge un importante esfuerzo para reducir los gastos de la Administración en lo referente a los altos cargos.

Entre las 90 medidas pactadas se incluye una revisión de las retribuciones de los directivos, de forma que “todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos en el Gobierno de la nación, sin que puedan superar las que se prevean para estos últimos”.

En los primeros compromisos se recoge además reducir a la mitad la denominada ‘Administración paralela’ de la Junta, una medida cuyo ahorro, como reveló OKDIARIO, equivaldrá a todo el presupuesto de Susana Díaz para fomentar el empleo y el desarrollo económico (2.183 millones de euros en las cuentas de 2018).

Esa Administración engloba a más de 300 entes públicos, entre fundaciones, consorcios y agencias, cuyo gasto, solo en personal, asciende a 5.000 millones de euros. Según el último informe de fiscalización conocido por parte de la Cámara de Cuentas, correspondiente a 2016, estos organismos tienen una deuda de más de 4.460 millones. La plantilla supera los 23.000 trabajadores. 

Como primera paso, la Cámara de Cuentas auditará ahora todo el gasto de la Junta de Andalucía, lo que incluirá sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, “con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales”.

Igualmente, se centralizará la dirección y control de los “organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras” de la Junta para eliminar aquellos que se consideren duplicados, innecesarios o que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción.

El pacto se compromete a garantizar la transparencia, acabar con los “incentivos al despilfarro” y con las “redes clientelares” en la contratación pública y a separar de la administración a cualquier cargo público que sea “imputado formalmente” por un delito de corrupción.

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