El PP blinda ‘por ley’ a Rajoy y a Sánchez como candidatos ante unas nuevas elecciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se sumó a la moda de pedir la ‘cabeza’ de Mariano Rajoy como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno. Antes lo hizo Ciudadanos, sin ningún éxito y también sucede contra el propio Sánchez en algunos ambientes de su partido. Ahora el PP actúa precavido y los blinda ‘por ley’ de cara a unos futuros comicios. Los populares preparan una proposición de ley para evitar que la ciudadanía tenga que ir a las urnas el día de Navidad. «Se trata de una iniciativa que los populares buscan consensuar con otras fuerzas», aclaran fuentes gubernamentales.

El PP busca además que la reforma se aplique de manera «excepcional». Esto significa que no se recurra a ella nada más que para desatascar la situación tras una investidura fracasada por lo que, según el PP, las elecciones serían «una repetición» y ello implica que se presenten las mismas candidaturas y que sean designadas las mismas personas para las Mesas y la administración electoral que en los anteriores comicios. Lo que, entre otras cosas, viene a ratificar el blindaje a los cuatro principales candidatos: Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera al frente del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El Gobierno busca reducir los plazos administrativos y legales previos y aleja así el fantasma de que Rajoy abandone su candidatura si se lo piden sus rivales a cambio de facilitar un gobierno estable. Distinto es el caso de Sánchez. Los populares salvan así al líder socialista de las voces críticas dentro del partido, que hace menos de dos semanas sugerían ya un cambio de líder.

«Cubrir el vacío legal»

Fuentes populares aseguran que la proposición de ley está ya escrita, lista para su presentación la semana que viene y, según su portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, busca cubrir el «vacío legal» que se genera al tener que aplicar el artículo 99.5 de la Constitución. Ese apartado recoge que «si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso». Esta circunstancia, inédita en la democracia española, podría darse por segunda vez en octubre si los partidos no desbloquean la formación del Gobierno.

Frente a esto, los populares estiman que no será necesario acortar los tiempos que tienen las distintas opciones políticas para presentar sus candidaturas, por lo que se respetarían, insisten fuentes del partido, todas «las garantías». Aseguran que se trata de una reforma electoral que requiere un gran consenso porque están en juego derechos y plazos que hay que preservar en aspectos como la presentación de las candidaturas o posibilidad de presentar recursos. La proposición de ley tiene que quedar aprobada antes de esa hipotética disolución de las Cortes, que tendrá lugar de forma automática el 31 de octubre, si antes no hay nuevo presidente.

Asimismo y tal y como se ha venido publicando, el Gobierno negocia esta semana con el PSOE la reforma de la Estabilidad Presupuestaria, la reforma del Impuesto de Sociedades mediante Decreto Ley y la renovación de los cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes gubernamentales apuntan que no se puede negociar de momento la actualización de las pensiones o los sueldos públicos porque estudian la fórmula legal para poder actualizarlos con un Ejecutivo en funciones y sin Presupuestos nuevos.