Policías y guardias civiles ante la Ley de Seguridad Ciudadana de Sánchez: «Llevará a España al caos»

Policías y guardias civiles advierten de que la reforma de Sánchez de la Ley de Seguridad Ciudadana lleva a España al caos. Los sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles se han citado la segunda semana de enero para acordar acciones de protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Es su respuesta al nuevo impulso que ha recibido esta semana el trámite parlamentario que pretende tener listo en unos meses el articulado de la nueva Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana.

La intención de las representaciones de la inmensa mayoría de policías y guardias es constituirse unidos en una nueva plataforma que abarque a todos los colectivos, incluyendo cuerpos de policías autonómicas y locales. Los agentes se han dado de plazo hasta la segunda semana de enero para recibir información oficial del Ministerio del Interior, a través de las direcciones generales de la Policía y la Guardia Civil. Entonces tomarán las acciones correspondientes contra un ministerio y un Gobierno que no escucha sus reivindicaciones, pone en peligro a los policías y a sus familias e «incendiará las calles de España llevándonos al caos».

Se refieren los agentes a uno de los puntos de la reforma que más les preocupa: la retirada de la obligación de comunicar a la Delegación del Gobierno correspondiente la convocatoria de una concentración o manifestación. «Algo que pone en peligro a los policías y a los ciudadanos, porque no permite diseñar los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los manifestantes y del resto de ciudadanos afectados por la concentración. De esta forma, se pueden dar varias concentraciones o manifestaciones en las calles a la vez sin que la Policía tenga conocimiento previo, o incluso que confluyan dos concentraciones opuestas con evidente peligro para todos».

Fuentes sindicales advierten igualmente del impacto en la convivencia que supondrá, si el Gobierno y sus socios ejecutan la reforma, retirar la penalización de delito a rodear con concentraciones las sedes de la soberanía popular como el Congreso o el Senado.

Preocupa especialmente a los policías que deje de ser sancionable la grabación o difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en la calle o durante manifestaciones, salvo que constituya un riesgo palpable para su seguridad o para la operación policial en curso. Fuentes sindicales señalan la arbitrariedad de la nueva Ley: «Cuando la Justicia establezca que grabar a determinado policía u operación era un riesgo, esas imágenes ya habrán corrido por las redes sociales señalando al agente, poniéndolo en peligro a él e incluso a su familia».

El intento de rebajar las sanciones en caso de desobediencia a la Policía, o el nuevo sistema de identificación para ciudadanos indocumentados que ralentiza el trabajo policial, son algunas de las medidas que rechazan los representantes de los agentes. Todos denuncian la falta de interés del Gobierno en consultar la reforma legal con los colectivos implicados en la seguridad ciudadana, mientras aceleran con sus socios para aprobar la reforma el próximo mes de enero.

Desde las asociaciones y sindicatos policiales quieren transmitir un mensaje de serenidad pero también de firmeza. «Si a principios del mes de enero no recibimos una explicación oficial, pondremos en marcha una respuesta contundente para denunciar una reforma tan innecesaria como perjudicial para la seguridad de todos los españoles».