Podemos presiona al Supremo llamándole «machista» mientras los jueces ultiman la sentencia de ‘La Manada’

El mismo día en que se celebra la última vista pública en el Tribunal Supremo por la causa contra ‘La Manada’ vuelve la movilización de la izquierda. Podemos agita las redes sociales resucita el «sesgo machista» de la Justicia para presionar al Alto Tribunal que, ahora mismo, se encuentra deliberando para dictar sentencia.

Exigen la modificación urgente del Código Penal y apelan a la «solidaridad» sin precedentes que se produjo a partir del 7 de julio de 2016, tras lo ocurrido en Pamplona. Lemas como el «no es no» y hasthag como #yosítecreo acompañan hoy los mensajes que han colgado en sus perfiles oficiales miembros de las formaciones políticas más radicales en materia de feminismo. Entre ellos, la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso y destacada activista en materia de género, Ione Belarra:

El caso de La Manada ha sacudido nuestro país.

Ha evidenciado el sesgo machista de la justicia en España y ha desatado la solidaridad sin precedentes de un movimiento feminista que grita hermana, #yosítecreo.

Modificar el código penal para eliminar el abuso es urgente.

— Ione Belarra (@ionebelarra) 21 de junio de 2019

Posición a la que se suman otros políticos como el diputado de ERC, Gabriel Rufián, crítico contra la «justicia patriarcal»:

Dice el abogado de La Manada que la presión popular afecta a la justicia.

Si esto fuera cierto 5 violadores sentenciados de Sevilla no estarían tomándose gintonics en La Feria y 7 chavales de Altsasu y 9 demócratas de Catalunya en una celda por una pelea de bar y un referéndum.

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 21 de junio de 2019

La izquierda no oculta que espera una decisión contundente por parte del Tribunal Supremo que fije doctrina sobre la interpretación de la intimidación en los delitos sexuales y exige mayor garantismo con las víctimas y que sean creídas por su mera condición de mujeres.

Las discrepancias entre los magistrados de la Audiencia de Pamplona y los del Tribunal de Justicia de Navarra, y los votos particulares emitidos en cada una de las dos sentencias condenatorias dictadas, suscitaron una presión social de tal magnitud que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a encargar a la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia una revisión de la clasificación de los delitos sexuales vigentes.

Tras siete meses de trabajo, los expertos concluyeron en positivo la reforma del  Código Penal para que todo abuso sexual fuese considerado, sin matices, agresión.

Un año después, la entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, confirmaba que su Ejecutivo propondría sendas reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar que los tipos penales no se pongan “en riesgo” a través de la interpretación de los jueces. De ese modo Calvo abría la puerta a vincular los delitos sexuales a la falta de consentimiento expreso -algo que ya se recoge en los artículos 179 a 181 del Código Penal actual- de tal forma que «si una mujer no dice ‘sí’ expresamente, todo lo demás es ‘no’».

Un anunciado proyecto que tras la convocatoria de las últimas elecciones generales ha quedado a la espera de que se conforme un nuevo Gobierno para ser llevado a cabo.

Dos sentencias polémicas

En primera instancia, la Audiencia Provincial de Pamplona entendió probado que la víctima, «atemorizada y sometida», «no prestó su consentimiento libremente, sino viciado» y «coaccionado» por los cinco acusados, algo que el tribunal competente entendió como abuso sexual. Los acusados no usaron fuerza física para doblegar su voluntad. No apreciaron intimidación.

Este fallo incluía un polémico voto particular en el que uno de los magistrados absolvía a los encausados al situar los hechos en un «ambiente de jolgorio y regocijo». Incluso apuntó a cómo los gestos de la víctima sugerían «excitación sexual».

La indignación popular alentada desde los colectivos feministas y la izquierda fue multitudinaria. Indignación que creció aún más cuando dos meses después de conocerse la sentencia, la Audiencia de Navarra dejó en libertad condicional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de La Manada, al no tratarse de una condena firme.

Situación en la que continúan en la actualidad en espera de que el Tribunal Supremo emita el fallo de una sentencia que se prevé ejemplarizante.