Podemos agita la crisis con Sánchez por la Monarquía y lanza a sus ‘trolls’ a jalear la «III República»

Podemos ha basado en dos frentes su respuesta a la investigación de la ‘caja B’ del partido: el supuesto ‘acoso’ al líder Pablo Iglesias y la campaña de desprestigio contra la monarquía. La ‘Guerrilla’ del partido morado, el grupo de ‘trolls’ que ejecuta en redes las campañas de propaganda de la formación, lanzó este miércoles una iniciativa para reclamar un referéndum en favor de una república, tensando aún más la relación con el PSOE, su socio de Gobierno.

La república ya se ha convertido en tabla de flotación para la cúpula de Podemos, en vista de la acumulación de informaciones que apuntan a una contabilidad paralela en la formación que dirige Pablo Iglesias. Este miércoles, el grupo ‘Guerrilla’ coordinó una acción en redes sociales bajo el lema ‘Es momento de república’, que gracias a la repetición de mensajes consiguió posicionarse como tendencia entre los temas del momento. El objetivo es repetirlo cada miércoles.

De hecho, ni siquiera se pedía a los usuarios que mostrasen su opinión al respecto de la monarquía, sino que se les daba todo el trabajo hecho con una lista de mensajes preelaborados y con trucos para que la red social no detectase que se trataba de una campaña masiva ‘artificial’: «En este enlace tienes ideas para tuitear y tuits de ejemplos. es importante que modifiques los tuits cambiando alguna palabra o el orden de estas para que Twitter no detecte repeticiones», recordaban desde ‘Guerrilla’.

Además, la campaña se preparó con total discreción tal y como reflejan las instrucciones difundidas «a grupos y gente de confianza» por mensajes privados.

‘Bronca’ con el PSOE

La tensión en el Gobierno entre PSOE y Podemos con el asunto de la monarquía es evidente desde que Juan Carlos I anunció su marcha de España. Estalló el martes 4 de agosto durante el último Consejo de Ministros del curso político, y amenaza con convertirse en un polvorín para los socios. Y eso pese a las conversaciones que han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para evitar que el incendio fuese mayor.

El desconocimiento por parte de los ministros de Podemos de las gestiones realizadas por Moncloa con la Casa Real, previas a la marcha del monarca emérito, generó en el cónclave ministerial un importante rifirrafe que acabó con la amenaza de Iglesias e Irene Montero, a sus socios del PSOE, de hacer volar por los aires el pacto entre ambos partidos sobre el sistema de Gobierno establecido en la Transición. Todo mientras en público socialistas y podemitas defienden posturas tan alejadas como «la ejemplaridad» de la jefatura del Estado o la celebración de un referéndum para elegir entre monarquía o república.

Los dos máximos responsables de la formación morada le reprocharon en aquel momento a la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que hubiese negociado la «huida» del Rey emérito.

Iglesias y Montero, según fuentes conocedoras, denunciaron que «la función de este Gobierno no debe ser tapar las vergüenzas de la Casa Real» y afearon -en privado- a Sánchez que no les hubiera mantenido al corriente de todo el plan que se estaba urdiendo para encontrar una solución a la crisis. El presidente, sin embargo, pronunció un discurso contundente en defensa de la monarquía.

Es el presidente, en situaciones como ésta, «quien marca la postura oficial», sentenciaban desde su entorno. Con esta contundente afirmación, en el Gabinete del jefe del Ejecutivo pretenden «dejar claro» a Iglesias y Montero que, más allá de sus opiniones o tuits incendiarios, la posición oficial del Gobierno son las palabras que pronuncie Pedro Sánchez.

La ‘caja B’

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, imputó el pasado 11 de agosto a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal. También se ha imputado al propio partido como persona jurídica.

El magistrado citó a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.

Aparte de estas citaciones, el juez ordenó otras diligencias en el marco de esta causa, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.

La investigación se centra sobre todo en la supuesta implicación de Del Olmo con la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña del 28-A.

Paralelamente, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España y el Tribunal de Cuentas también investigan las finanzas del partido morado tras encontrarse graves irregularidades.