El plan de Seguridad Nacional exige «educación financiera» para los españoles

El Gobierno ve necesario asegurar la «educación financiera» de los españoles y promover su «responsabilidad fiscal». Así se recoge en el Plan integral de cultura de Seguridad Nacional, elaborado por el departamento bajo la tutela de Iván Redondo con el objetivo de aumentar la conciencia de la ciudadanía sobre la Seguridad Nacional y fomentar la «corresponsabilidad» en los desafíos, riesgos y amenazas a los que se enfrenta España.

El documento integra a todas las instituciones y todos los niveles de la administración pública e incluye actuaciones dentro del ámbito formativo, de comunicación pública o divulgación y de participación activa de la sociedad y organizaciones civiles en el fomento de una cultura de Seguridad Nacional.

En concreto, y entre otros objetivos, en el ámbito de la comunicación pública se considera necesario «asegurar una educación financiera individual». Asimismo, se insta a promover en los distintos niveles de enseñanza los valores y actitudes favorables a la «responsabilidad fiscal» y contrarios a «conductas defraudadoras».

En la elaboración del plan han participado los 22 ministerios, con la finalidad de que el ciudadano sea consciente de los riesgos y amenazas a los que se enfrenta España. Esos desafíos son diversos, y abarcan desde las campañas de desinformación y ciberamenazas, a las catástrofes, sanidad o protección del medio ambiente.

Según el departamento -dependiente de Presidencia del Gobierno- el objetivo es «garantizar y proteger la vida cotidiana y en comunidad de la sociedad española ante cualquier crisis, en el marco de un Estado social y democrático de derecho».

Además de las campañas para asegurar que los españoles dispongan de una adecuada «educación financiera», el Gobierno también pretende, entre otros, instruir sobre la importancia de acceder a una información veraz y de concienciar sobre los peligros que entraña la llamada «desinformación».

Un asunto que fue motivo de polémica con la aprobación hace unos meses de la Comisión Permanente contra la Desinformación, popularmente conocida como Ministerio de la Verdad, y cuyo objetivo, según el Gobierno, es asegurar una «información veraz y diversa» y afrontar posibles campañas de «desinformación» que pretendan influir en la sociedad «con fines interesados y espurios».

Presión fiscal

La fiscalidad es una de las preocupaciones del Ejecutivo socialcomunista. Y, para ello, no oculta que la formación es esencial.

El Plan España 2050, presentado la pasada semana, también recoge orientaciones en este sentido, ya que el documento -como informó OKDIARIO- llega a definir a los menores como «futuros contribuyentes» a los que se debe instruir en la «conciencia social fiscal». Así, se expone que «sería importante focalizar entre los más jóvenes (los futuros contribuyentes)» todos los esfuerzos de concienciación tributaria con el objetivo de «cambiar valores y comportamientos» de los españoles respecto a los impuestos. Y para ello se propone «la inclusión de contenidos relacionados con las funciones del sistema tributario y la conciencia social fiscal en la educación secundaria», tramo educativo que cursan los menores entre los 12 y los 16 años de edad.

La intención del Gobierno de Pedro Sánchez es aumentar la presión fiscal hasta el 43% del PIB en las tres próximas décadas, es decir, ocho puntos más que ahora.

En el mismo plan España 2050, el Ejecutivo considera que pagar más impuestos es una «oportunidad» para «aumentar la satisfacción vital de la ciudadanía». «Una de las claves para aumentar nuestro bienestar futuro es lograr un crecimiento socialmente inclusivo que consiga reducir nuestros elevados niveles de riesgo de pobreza y desigualdad de ingresos», señala el documento, que añade que para ello «será necesaria una profunda reorganización de los ingresos (sistema fiscal) y los gastos (prestaciones sociales y servicios públicos) públicos: debemos recaudar más y mejor, para gastar más y mejor en partidas tan claves para el bienestar futuro como la sanidad o los servicios de cuidado».

El Gobierno propone elevar progresivamente los impuestos al consumo de diésel y gasolina, plantea un impuesto sobre el uso del vehículo que tenga en cuenta sus características (peso, potencia y emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero) y prevé la introducción de la «tasa del viajero frecuente» o impuestos a los billetes de avión según la distancia al destino para reducir el impacto sobre el medio ambiente. El plan también avanza impuestos sobre bebidas alcohólicas y tabaco.