El plan de ERC: limitar los medios privados y crear un canal pancatalanista con Puig y Armengol

El pacto entre Junts per Catalunya y ERC sortea los últimos flecos después de que, este lunes, ambas formaciones acordasen el reparto de algunos órganos clave: los republicanos se hacen con la Presidencia de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), de la que dependen los medios públicos de la Generalitat: Catalunya Ràdio y TV3.

Los planes de los republicanos perseveran en la utilización del ente público para que sirva a los fines del separatismo. Así se recoge en su hoja de ruta, en la que, entre otras medidas, apuestan por limitar la presencia de medios privados o promover la «consciencia colectiva» en los llamados ‘Países Catalanes’, la denominación independentista de Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares.

En concreto, se apuesta por hacer de estas regiones «una realidad comunicativa como expresión de su realidad cultural y lingüística, y reforzar los vínculos y la consciencia colectiva».

Se trata de una vieja aspiración del independentismo que, en los últimos años, y con los gobiernos socialistas de Comunidad Valenciana y Baleares ha ido dando sus frutos. El gobierno de Carles Puigdemont ya suscribió en su día un convenio de colaboración con el presidente valenciano, Ximo Puig, para la reciprocidad de las emisiones entre TV3 y el canal autonómico.

En este sentido, los republicanos crearán un «espacio comunicativo catalán en el que se deberán regular los operadores de servicios para que promuevan los valores de la diversidad lingüística y las políticas lingüísticas de la República».

El año pasado, la CCMA propuso al ente valenciano y al balear IB3 crear un canal compartido que emita vía Internet contenidos de las tres televisiones de «habla catalana», con una dirección de consenso entre las tres administraciones. La corporación ha venido proponiendo además un consorcio ‘tripartito’ para elaborar contenidos comunes, compartir corresponsales y servicios, y colaborar en medios técnicos. Esto implica, por ejemplo, coberturas conjuntas de determinados acontecimientos o contenidos informativos comunes. Ello, tras las reiteradas acusaciones de adoctrinamiento desde el ente público de Cataluña.

El programa de Junts per Catalunya, la candidatura del ex presidente, Carles Puigdemont, también apostaba por «defender unos medios de comunicación púbicos y privados que velen por la lengua del país, que defiendan principios éticos y democráticos» y que «participen de la construcción, difusión y consolidación de un universo nacional y referencial propio».

El otro eje es el control en la concesión de licencias a medios privados. Esto corresponde al Consejo del Audiovisual de Cataluña. Sus consejeros-seis, elegidos por dos tercios de los diputados o mayoría absoluta-expirarán en julio su mandato. La renovación, por tanto, es clave para controlar el ámbito de los  medios de comunicación catalanes.

Este órgano tiene una competencia plena sobre los prestadores audiovisuales de ámbito autonómico y local, públicas y privadas, así como sobre los prestadores de contenidos y servicios audiovisuales. Incluso regula las desconexiones en Cataluña de las cadenas estatales. En la actualidad, el órgano está presidido por Roger Loppacher, designado por el PDeCAT, y que también termina su mandato.

Los republicanos proponen «un papel preeminente de los medios de comunicación públicos», lo que implicaría un control sobre los medios privados.

Igualmente, la intención es configurar «un espacio radioeléctrico nacional que contribuya a la cohesión social con unos medios de comunicación plurales que emitan desde una óptica catalana y con respecto a la lengua».