El plan del PNV con las prisiones: semilibertad para el 40% de los reclusos y la cárcel como «opción extrema»

El Gobierno ha cerrado el calendario para el traspaso al País Vasco de una treintena de competencias, entre las que se encuentran dos de las más reclamadas, el régimen económico de la Seguridad Social y Prisiones. 

La cesión de la competencia de Instituciones Penitenciarias es una reivindicación histórica del nacionalismo, en su afán de imitar el modelo catalán.

Sólamente Cataluña tiene atribuida la gestión de las cárceles, en su ámbito competencial. Ahora, el Gobierno de Urgullu podrá administrar sus prisiones a partir de diciembre y avanzar en la implantación de su modelo carcelario.

En marzo pasado, en un pleno monográfico sobre prisiones celebrado en el Parlamento Vasco, la consejera vasca de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, reveló los objetivos de su departamento de cara a la negociación para el traspaso de esta competencia. Y la línea fundamental es que el Ejecutivo vasco apuesta por convertir la prisión en una «opción extrema» cuando «no exista otra alternativa».

En cifras: quieren que al menos el 40% de los presos cumplan sus penas en régimen abierto (actualmente, el 28% gozan de un tercer grado). Así, San José insistió en un modelo basado en la resocialización, con visión restaurativa. El plan -según se evidenció en dicha comparecencia- es que, una vez se asuma la competencia, se desarrollen fórmulas individualizadas para potenciar, entre otros, los trabajos en beneficio de la comunidad.

El Estatuto de Guernica establece que el País Vasco tiene «competencia exclusiva» en «la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general, en materia civil, penal y penitenciaria».

En este contexto, desde PNV, PSOE y Podemos se reivindicó la transferencia para mejorar los programas de reinserción, mientras que Bildu insistió en que se debería aprovechar también esta cesión para que los presos etarras fuesen acercados a las cárceles vascas. El Gobierno vasco criticó este jueves, en cambio, que se «intente mezclar este anuncio» con polémicas como el acercamiento de los presos de la banda a cárceles próximas a sus lugares de origen, lo que no quita para que el Ejecutivo -y también el Gobierno de Sánchez e Iglesias- defiendan esa medida. «Quienes lo mezclan todo sólo quieren inocular miedo», rebatió.

En su programa electoral, el PNV recoge abiertamente que «el grado de madurez democrática de una sociedad se puede medir por el nivel de humanización de su sistema penal» y añade que «los principios de reeducación y reinserción debieran inspirar más intensamente que en la actualidad la legislación futura y la práctica penitenciaria, reconsiderándose tanto el incrementalismo punitivo vigente como el modelo preferentemente retributivo del sistema penitenciario». En cuanto a la transferencia penitenciaria, apuestan por asumir «la gestión de los centros penitenciarios radicados en Euskadi y las facultades correspondientes para la ejecución de la legislación penitenciaria».

Presos de ETA

Sobre los presos de ETA, el Ministerio del Interior seguirá apostando por un «tratamiento individualizado» para los etarras, como destacó su titular, Fernando Grande-Marlaska, en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso esta semana.

En respuesta a Vox, Grande-Marlaska cuestionó que hasta diciembre de 2019 se hubiesen autorizado 31 acercamientos al País Vasco de presos de ETA, diferenciando las cárceles dentro de esta comunidad y las cercanas a la región. Lo cierto es que, según datos facilitados a OKDIARIO por Instituciones Penitenciarias, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en junio de 2018, 34 presos etarras han sido acercados a cárceles próximas a sus lugares de origen.

El acercamiento de los presos es una de las reclamaciones históricas de Bildu, partido que facilitó la investidura de Sánchez con su abstención.

Los proetarras, durante su encuentro con los socialistas en el Congreso para negociar esa investidura, aprovecharon para exigir una «revisión de la política penitenciaria», con progresiones de grado y acercamientos, para, según ellos, alejarla «del carácter excepcional con la que es aplicada en la actualidad».