El plan censor de Sánchez promoverá clases de adoctrinamiento sobre qué es noticia y qué no

El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a oficializar su plan para vigilar a los medios, bajo el pretexto de perseguir lo que un comité de Moncloa considere «desinformación». Esa estrategia -que desde el Ejecutivo se reviste como respuesta a una petición de la UE- tiene más derivadas. Entre ellas, la «alfabetización mediática». Una ambición de los socios de Sánchez, Podemos, y que también plantea la Comisión Europea. Aunque la controversia surge al preguntarse quién determinará los contenidos de esa «alfabetización» y con qué fines, teniendo en cuenta que el plan de vigilancia de los medios dependerá directamente de Moncloa.

En el pacto suscrito entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, los socios ya avanzaban su intención de impulsar una estrategia nacional para «la lucha contra la desinformación», que incluiría la «elaboración de guías, mejores prácticas y cursos» para combatirla.

Por su parte, el partido de Pablo Iglesias nunca ha ocultado que modelar la audiencia es una de sus ambiciones. En su programa para las elecciones del 10-N plasmaba ese mismo concepto de «alfabetización mediática» para «fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las ‘fake news’». La formación se impartiría en «todas las fases del sistema educativo» para, según Podemos, «impulsar una audiencia activa, crítica y participativa en unos medios de comunicación plurales».

La propuesta podemita se recoge ya en uno de los documentos que sirvió de columna vertebral al partido en su origen. En el ‘Documento programático de cultura y comunicación’, de 2015, la formación de Iglesias ya dejaba clara su hoja de ruta. En él se planteaba directamente una ‘Escuela de espectadores’ -organismo para la «formación de públicos»- y campañas para promover «una audiencia activa» y «el conocimiento de la realidad mediática».

Ataques a los medios

Iglesias, cabe recordar, ha atacado sin tapujos a los medios de comunicación, lo que le ha valido la crítica de las propias asociaciones de periodistas. El vicepresidente social considera, por ejemplo, que hay que «naturalizar» que los periodistas reciban tanto «críticas como insultos en las redes sociales» y ve necesario el «control público» de los medios de comunicación.

Las críticas por la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, y que faculta a un comité -dirigido por Iván Redondo y Miguel Ángel Oliver, jefe de gabinete y secretario de Estado de Comunicación- a examinar a los medios, provocó la respuesta del Gobierno. Fuentes de Moncloa aseguraron ante la polémica que el plan «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país» y que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».

Sin embargo, en uno de los puntos el Gobierno se arroga la capacidad de «examinar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación», un ambiguo redactado que genera dudas sobre el control por parte de las autoridades públicas.

Desde Moncloa se remitieron además al European Democracy Action Plan, una estrategia europea para luchar contra la «desinformación», que aún no está en vigor.

El eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo, Esteban González Pons, dio el aviso en Twitter: «Es mentira que el control de medios de comunicación que impone el Gobierno español venga de Bruselas. La norma europea -que es contra el terrorismo- está bloqueada precisamente por la oposición del grupo socialista».

Plan europeo

El plan europeo insta a los países a adoptar mecanismos para prevenir la «desinformación», pero orientándose especialmente a la injerencia en procesos electorales, especialmente por parte de terceros países como Rusia.

Las instrucciones de la Comisión Europea, organismo comunitario al que se remite Moncloa, avalan también la «alfabetización mediática», animando a los Estados miembros a incluir en sus políticas educativas dicha materia. Pero el riesgo, una vez más, es quién determinará sus contenidos.

«Los Estados miembros, los interlocutores sociales y los centros de enseñanza comparten experiencias y buenas prácticas sobre la educación digital mediante el Grupo de trabajo de la UE sobre capacidades y competencias digitales», dice la Comisión en sus directrices.

El procedimiento diseñado por el Gobierno ha provocado las críticas de la oposición y también de las asociaciones de prensa. La Federación de asociaciones de periodistas (FAPE) ha pedido al Gobierno que aclare las funciones del «comité gubernamental», mientras que la Asociación de la Prensa de Madrid ha avisado que «puede convertirse en censura».

Moncloa envuelve su pretensión de poner coto a los medios digitales bajo eufemismos: «Es imprescindible establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España», señalan como justificación.

Añaden que «uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas» es la «información veraz y diversa», al tiempo que avisan de «la difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».