Pedro Sánchez ofrece a PNV y ERC «sistemas propios de reinserción» para soltar a etarras y golpistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a retorcer la ley nacional para permitir que los separatistas vascos y catalanes tengan “sistemas propios de reinserción” con los que justificar la excarcelación de los presos etarras y golpistas.

El sistema ha sido negociado en el País Vasco por el Partido Socialista, el PNV y EH Bildu. Y se trata de un esquema que permite ser implantado en la comunidad vasca y catalana. La fórmula ha sido negociada para ser insertada en el nuevo Estatuto Vasco. Y, según la oferta literal trasladada por los socialistas consiste en “organizar un sistema propio de tratamiento penitenciario en los términos compatibles con la Constitución, sin perjuicio de la competencia del Estado en la legislación básica en la materia, en la medida en que se cumplimente la transferencia de prisiones, para poder ejecutar con mayor eficacia las medidas aplicables a las personas orientadas a su reinserción en los términos previstos para la Constitución en su artículo 25”.

De ese modo, bajo la supuesta fórmula de que respetará la Carta Magna, lo cierto es que será un esquema específicamente diseñado para las dos comunidades autónomas citadas. Si el resto posteriormente lo quieren aplicar, podrán hacerlo, aunque evidentemente, los únicos territorios que por el momento cuentan con colectivos de condenados a los que se pretende excarcelar desde los partidos separatistas, son los territorios vasco y catalán.

Reforma legislativa

El esquema no descarta, además, una reforma de la legislación base estatal para dar más espacio de excarcelación a los Gobiernos vasco y catalán. Y, todo ello, bajo la excusa de tratarse de colectivos de presos preparados para la reinserción. Por eso desde los colectivos de presos de ETA se insiste en que han pasado pagina –sin condenar sus propios asesinatos, por supuesto– y desde los grupos de presos golpistas catalanes –al menos, desde los ligados a ERC– se lanza el mensaje continuo de querer negociar y no volver a la “unilateralidad”.

Ese esquema “propio” penitenciario se uniría a un segundo requisito que evitaría la actuación judicial contra las excarcelaciones: el control autonómico de la Justicia. Para ello se prevé la “creación de un Consejo de Justicia de Euskadi, como órgano de gobierno de la Administración de Justicia”. El PSE (PSOE) aclara, de nuevo, que siempre sería “de acuerdo con lo previsto en la Ley Órgánica del Poder Judicial” y respetando los límites impuestos por el Tribunal Constitucional “en todas las comunidades autónomas que han renovado sus estatutos”. Pero lo cierto es que, a partir de ahí, el PSOE acepta “delegar en el mismo [en ese Consejo de Justicia de Euskadi] las funciones que se acuerden”. Es decir, que abre un campo a la negociación en el que la presión de la necesidad de contentar al PNV jugará un papel decisivo.

Hay que recordar que la negociación abierta en Cataluña con los separatistas de forma paralela incluye exactamente igual la cesión en esta materia. Y en esa región, Miquel Iceta y la Declaración oficial de Barcelona firmada con el respaldo de Pedro Sánchez, reconocen ya el pacto para implantar el artículo del proyecto original de Estatuto Catalán tumbado por la sentencia del Tribunal Constitucional en el que se planteaba romper el Consejo del Poder Judicial español para permitir el control pleno de la Justicia por esta comunidad autónoma. Y, evidentemente, si se lo dan a Cataluña, se lo darán al País Vasco.