Sánchez oculta que pactó con Bruselas recortar las pensiones a medio plazo para hacerlas “sostenibles”

El Gobierno ha hecho recular al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que anunció el pasado jueves que los baby boomers tendrán que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más. Sánchez le ha obligado a rectificar y a decir que el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, está todavía por definir y que ese recorte de las pensiones no es seguro. Pero Pedro Sánchez oculta que pactó con Bruselas recortar las pensiones a medio plazo para hacerlas “sostenibles”.

Pedro Sánchez alardeó mucho de haber conseguido el rescate europeo. Pero olvidó recordar las condiciones. Y entre ellas figura una reforma de las pensiones para hacerlas sostenibles. Traducido: recortarlas.

La negociación del rescate se centró en las recomendaciones a España remitidas por Bruselas en la segunda mitad de 2019. Y allí figuraba ya esa reforma de las pensiones. Pero es que, ademas, Bruselas se pronunció en plena negociación del rescate y exigió que la reforma laboral y de las pensiones exigidas fuesen negociadas con los agentes sociales. Porque, efectivamente, hay un compromiso de reducir el gigantesco déficit de las pensiones españolas y tanto la UE como Sánchez cuentan con su cumplimiento. El único punto de debate es cuándo se comunica públicamente. Si antes o después de las próximas elecciones generales en España.

Bruselas comunicó esta realidad al aceptar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español. Y ese plan es la condición para poder acceder al rescate europeo. “El sistema de pensiones será reformado siguiendo un proceso de diálogo social, con el objetivo añadido de apoyar unas cuentas públicas sostenibles a medio y largo plazo”, afirmó entonces la Comisión Europea.

50.000 millones anuales

Esa reforma sólo está pensada para un fin: recortar las prestaciones y evitar una quiebra de los pagos a medio o largo plazo. Justo lo que admitió el ministro Escrivá en sus declaraciones posteriormente desmentidas por él y su Gobierno en bloque.

La realidad es que Sánchez tan sólo pretende esquivar el gran ajuste fiscal que le pide Europa durante su mandato. Porque sabe que los receptores de ese golpe son un colectivo -los baby boomers- decisivo en cualquier proceso electoral.

Hay que recordar que el sistema de Seguridad Social cerró 2020 con unos ingresos de 152.044 millones de euros y unos gastos de 171.883 millones de euros. Es decir, con un déficit oficial de 19.839 millones.

Pero esa cifra ni siquiera es descriptiva de la realidad del sistema de pensiones. En 2020, el Gobierno duplicó las transferencias a la Seguridad Social para cubrir el agujero financiero: pasó de los 15.687 millones en transferencias estatales de 2019 a 30.364 en 2020. Lo que implica que el agujero real de las pensiones cabalga a cifras cercanas a los 50.000 millones de euros anuales.

Recortes o subidas de impuestos

Los empeños de Sánchez por ocultar la necesidad de un ajuste fiscal son conocidos. De hecho, Sánchez, tras el varapalo electoral del 4M, quiere elegir el mejor momento para unas nuevas elecciones generales, pero tiene la presión de la UE para acometer ese gran ajuste: o de gasto -con fuertes recortes- o de ingresos -con fuertes subidas de impuestos-. Por eso, ha solicitado ya a la UE un año de gracia: ganar tiempo para sortear el efecto Ayuso, vender el rebote técnico actual como el fin de la crisis y, entonces, convocar las elecciones generales.

España cerrará este año con prácticamente 100.000 millones de déficit -un 8,4%-. Y viene de cosechar otros 123.072 millones de agujero fiscal en las cuentas públicas de 2020. Todo un desastre que hace muy difícil mantener el nivel de gasto público español sin recortes o sin subidas de impuestos. Bruselas lo ha trasladado ya al Gobierno y eso implica que, bien por los recortes -y ahí figuran con mayúsculas las pensiones-, bien por las subidas fiscales, el electorado se pondrá, aún más, en contra del PSOE.

Por todo ello, Sánchez busca ahora la complicidad de la UE con el fin de esconder la magnitud del ajuste fiscal por el momento y encontrar solución a este dilema. Y la solución solicitada por el Gobierno pasa por la patada hacia adelante: por ganar tiempo sin anunciar los recortes que se preparan.
En concreto, el deseo de Pedro Sánchez es que la UE acepte una demora de un año en las reformas. Que le conceda un año de gracia para acometer las subidas de impuestos comprometidas y los recortes inevitables que habrán de llegar. Un tiempo que aprovecharía Sánchez para vender una falsa imagen de recuperación estructural: para dar la sensación de que el rebote de la economía en 2021 -de un 5,9%, según las previsiones de Bruselas, tras haberse hundido un 10,8% en 2020- supone ya el fin de los problemas económicos de España.